"En la antigua Roma, cuando había una reunión y en la puerta de la entrada se colgaba una rosa, los temas tratados eran confidenciales. (sub rosae)"
Han pasado menos de siete meses desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, y aunque a muchos pareciera cosa menor, el que en este lapso de tiempo se hayan presentado al menos 19 renuncias que van desde mandos medios hasta dos secretarios de estado por diferentes razones, habla del entredicho que tarde o temprano tendrá que enfrentar el presidente.
En al menos tres de esas renuncias, que se han hecho públicas a través de las redes sociales, tanto Germán Martínez, como Guillermo García y el propio Carlos Urzúa han desnudado un punto principal: la intromisión de “actores políticos” externos a las dependencias que encabezaban y que sin un adecuado “conocimiento” pretendían dar directrices basados en la cercanía con el presidente.
Pero destaca sobre todo la renuncia de quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público, no solo por el momento complicado que vive México en el tema económico, y por la posible entrada en recesión de la economía mexicana, sino también por el modo en que decidió darle las gracias al proyecto del presidente.
No es un secreto para nadie que el presidente Andrés Manuel López ha impulsado una política económica con grandes retos y sustentada en la austeridad, que ya le ha cobrado las primeras facturas, por la “inexperiencia” de su equipo de trabajo, pero también por el peligro que representa el tener la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para lograr lo que quiera sin que nadie le diga nada.
No hace mucho, cuando se discutía el paquete fiscal en la Legislatura Federal, y se anunciaban grandes recortes a programas sociales, y diversas dependencias, las advertencias al presidente se ahogaban por los votos de una mayoría de Morena que aplaudía sin mayor análisis cada propuesta del Ejecutivo.
Hoy, los resultados de ese poco análisis se ha dejado sentir en muchos lados, recortes a rubros como educación, salud, campo, tecnología y deporte, hoy son usados como un ariete para las decisiones de gobierno que lejos de permitir al menor un punto de inflexión para meditar en la planeación, lo único que hacen es volver el discurso de gobierno en contra del pasado.
No, aunque lo pareciera no es un tema menor que el Secretario de Hacienda acuse a funcionarios sin idea de la hacienda pública de tomar decisiones sin sustento y sin tomar en cuenta las consecuencias de las mismas.
Y sobre todo porque en este inicio de gobierno si algo se ha dejado ver son dos cosas: una la inexperiencia de quienes durante décadas dijeron que estaban listos para gobernar, y otra, que pocos, muy pocos, han aprendido a decirle que no al presidente, pero sobre todo, son menos a los que él ha aprendido a escuchar.
Tip:
“El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”, Lord Acton.
Hace unas entregas advertía en este mismo espacio que los constantes traspiés jurídicos que se han cometido en diferentes instituciones solo denotaban dos casos: ignorancia o malicia.
Y hace unos días aún, sin la anuencia del presidente, el Congreso de Baja California, votó por reformar una Ley para que el actual gobierno no fuera de dos años, como se había aprobado previamente, si no que se convierta de “facto” en una gubernatura de cinco años.
Esta reforma, respaldada “misteriosamente” por diputados de oposición, permite ampliar el mandato del gobernador electo de morena, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, lo que es una clara muestra de esa ignorancia o de esa malicia con la que hoy se pretende actuar.
De entrada dicha reforma aprobada por el congreso de Baja California, modifica la decisión de miles de electores de ese estado que votaron por un gobierno de dos años.
¿Pero, porqué los bajacalifornianos votaron por una gubernatura de dos años?, se preguntará usted, pues recordemos que en el año 2014, ese estado modificó su Constitución para que la elección local de gobernador pudiera empatar con la elección federal de 2021 y con ello, como ha pasado en otras entidades, disminuyeran los costos de organización.
Con esas reglas asentadas en la Ley, los candidatos de todos los partidos decidieron libremente participar en el proceso y aunque en dos ocasiones intentaron revertir esa regla, no tuvieron éxito por las resoluciones del Tribunal Electoral Federal.
El tema, que será impugnado ante las instancias federales, sienta sin duda un precedente de alto riesgo, porque en términos sencillos, de quedar así, se abre la puerta para que cualquier Congreso, y en ese incluyo al federal, pueda reformar la Ley para que cualquier autoridad electa aumente el número de años en su encargo a su antojo y sin mediar una elección, y eso, suena muy peligroso, ¿o no?
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