Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el señor secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presumen que la estrategia de seguridad para el país no ha cambiado, que continúa y que dará los resultados esperados; el interés, además del nacional, ahora también es internacional, especialmente de los Estados Unidos, para saber ¿cuál es esa estrategia?
Tras los hechos ocurridos el día 4 de noviembre entre los estados de Sonora y Chihuahua, en donde un brutal ataque arrebató la vida de nueve integrantes de la familia LeBarón, tres mujeres y seis niños, al descubrirse poco a poco cómo ocurrieron los hechos, deja en relieve que aquello fue un verdadero infierno que vivieron las víctimas, y que parece sólo ser semejante a lo que escribió Dante Alighieri en la Divina Comedia, se colocan al centro de la discusión, porque las víctimas tenían doble nacionalidad, méxico-estadounidense.
No se puede negar que la sociedad siente un vacío del poder, el cual ha sido llenado con descaro por los delincuentes, que hasta hoy disfrutan de la gracia de no ser perseguidos, porque ha declarado el presidente que no ordenará acciones coercitivas de masacres y aniquilamiento.
En este contexto, es necesario dar un vistazo en el pasado reciente, en especial, en el sexenio de Felipe Calderón, preferido de López Obrador porque lo culpa materialmente de todo, y en el que dice el tabasqueño, se le dio un golpe a lo tonto al avispero.
Bien, por la necesidad de atender la escalada de violencia que se registraba, los gobiernos de Estados Unidos y México coincidieron en compartir prioridades estratégicas conjuntas, por lo que se implementó la Iniciativa Mérida, que es un acuerdo entre ambos gobiernos con el objetivo de apoyar la capacidad de una amplia variedad de instituciones y personal del sector de seguridad y justicia mexicanos, a nivel federal, estatal y local, para combatir y procesar a las organizaciones del crimen trasnacional, para mantener seguros a los ciudadanos y comunidades en ambos lados de la frontera, como lo señala una parte de los puntos clave del acuerdo bilateral.
El interés del gobierno de los Estados Unidos era lógico, pues el crimen internacional afectaba y afecta a los dos países, y era necesario implementar una estrategia para combatirlo. Los resultados se fueron dando, pero al final, la interpretación se puede leer de diversas formas, y hasta puede calificarse si fue bueno o malo, dependiendo de quién lo haga.
Pero no es en el sexenio de Felipe Calderón en donde empezó la guerra contra el narcotráfico, éste existe desde hace mucho tiempo en diferentes partes, y por ende, la guerra contra este flagelo ya tiene historia. En México fue ganando terreno en razón del alto consumo que representa Estados Unidos y en consecuencia, las ganancias son bastante redituables.
Ahora, para lograr obtener los resultados esperados y que pudieran constatar que había sido efectiva la coordinación entre ambas naciones, era menester, como cualquier estrategia, darle tiempo, para conocer si valía o no el esfuerzo implementado.
Por el momento, eso ya no se podrá conocer, porque después de Calderón y que el ex presidente Enrique Peña continuó con la misma, parecía que las cosas no mejoraban, al contrario, pero, ya no se sabrá si se encontraría buen puerto bajo esa premisa, porque tras la llegada al poder de López Obrador se dio un giro de 180 grados respecto del combate al crimen organizado, pues se dejó de incautar producto y materialmente se les dejó en paz.
Con esto se ha presumido que inicia una nueva estrategia, aunque conscientemente no era posible aceptar la oferta de que daría resultados al siguiente día de que el tabasqueño ocupara la silla del águila, de antemano, todos sabían que eso no era posible, por muy iluminado que parezca el originario de Macuspana.
Lo que muchos, que no sean integrantes del nuevo gobierno y sus seguidores, piden saber es; ¿cuál es esa estrategia que tanto presume el gobierno federal? Porque “atender las causas”, puede considerarse parte de ella, pero queda un gran escollo antes de que eso pueda ayudar, mientras tanto ¿qué se hará contra los que han robado la tranquilidad y someten a una angustia indescriptible a las miles de familias mexicanas? ¿Nada?
Ahora bien, esto que el presidente y los integrantes de su gobierno dicen que es “la estrategia”, muchos atribuyen su origen a la frase de campaña “abrazos y no balazos”, que de hecho, ha sonado en personajes importantes como a Lindsay Graham, Senador Republicano de Estados Unidos, como de cuento de hadas, pero lo que es una aplastante verdad, es que para saber si funciona o no esta medida, se tendrá que esperar por un largo, muy largo tiempo.
Pero los mexicanos que han sufrido la embestida de la delincuencia, no tendrán la paciencia de esperar tanto, empiezan a exigir al gobierno federal se imponga, en especial, porque gran parte de la población tiene conocimiento que las reformas constitucionales que pedía el mandatario para implementar la Guardia Nacional, le fueron otorgadas, pero la desilusión llegó más pronto, terminó por convertirse en el muro que tanto reclamaba Donald Trump, presidente estadounidense, para detener la ola de migrantes que se dirigían al norte.
Ante esto, tal parece que el presidente López Obrador no ha medido el alcance de estas circunstancias, empecinado en sus ideas, que además presume es una de sus virtudes, se aferra a ellas, mismas que tal vez le celebren sus fieles, pero no será lo mismo con los ciudadanos y el gobierno de EU porque ya fueron afectados, al encontrarse ciudadanos estadounidenses que están relacionados con la masacre mencionada, y no estaría de más que reflexionara sobre la relación que interesa tanto a su gobierno.
La Guardia Nacional, ante el recuerdo del amago de la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos en el caso de no contener el flujo de migrantes que se dirigían a su territorio, terminó por servirle de muro, y con ello, le dio un impulso importante a la campaña de reelección de Trump, lo mismo puede intentar de nuevo, pero ahora, con el tema de seguridad.
Aún hay mucho por resolverse en este sentido, la seguridad, bien lo sabía al asumir el cargo AMLO, es primordial, y ahora más que nunca urgente, hablar de un golpe de Estado con la intención de distraer la atención, puede salirle cara, la boca demasiado floja corre el peligro de morder la lengua.
Crece el número de ciudadanos que se sienten molestos, dañados, ignorados, y eso, tarde o temprano crecerá, y manifestarán su desaprobación por una política de seguridad basada en la omisión, y reclamarán que se asuman responsabilidades, y esto tiene mucho sentido, porque de lo contrario, debe decir el presidente quién le ha pedido masacrar, quien le ha pedido aniquilar, se le ha pedido, eso sí, que imponga el estado de derecho, en base a las leyes que nos rigen, que es muy distinto.
Además, ese aniquilamiento, esa matanza, ya se ejerce, pero por parte de los delincuentes en contra de los ciudadanos, está el pueblo a su merced, pues quien debería brindar seguridad y no lo hace, en consecuencia cede esa encomienda, y es sustituida por el pago del derecho de piso, o el pago para dar la seguridad que ofrecen los delincuentes, es decir, para que ellos mismos se comprometan a no dañar, o para dar protección, qué descaro.
Por cierto, no se debe olvidar que fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas quien obligó al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, para que supuestamente en aras de la transparencia, diera el nombre del responsable del operativo fallido en contra de Ovidio Guzmán, gravísimo error, lo que así hizo el secretario. Pero además, después de esto, AMLO, con insensatez absoluta, al ser interrogado respecto del peligro al que fue expuesto el coronel, dijo; “somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, desde luego tenemos que actuar con precaución y no ser temerarios, pero el que nada debe nada teme”, con esto demuestra el señor López que no entiende lo mínimo de la diferencia entre el cargo de cualquier servidor público, y otro que es estratégico en seguridad.
El problema de la seguridad ha marcado un antes y un después, primero con el caso Culiacán, y ahora con el de la familia LeBarón. Lo peor para el gobierno de López Obrador, está por venir.
