Inicia un nuevo año y es buen momento para plantearnos propósitos que nos permitan ser una mejor versión de nosotros mismos: comenzar a ejercitarnos, leer una mayor cantidad de libros, empezar algún nuevo proyecto, en fin, mejorar nuestros hábitos; no obstante, ¿cuántos de nosotros nos planteamos ser mejores ciudadanos? En anteriores intervenciones he expuesto la función toral que significa ser ciudadanos activos para que conjuntamente logremos mejorar las condiciones de vida de nuestros semejantes.
Por ello, considero importante reflexionar sobre nuestras actitudes personales frente a los demás y a través de estas ideas abonar al cambio de paradigma que tanto necesitamos como sociedad o cuando menos deliberar e introducir nuevos conceptos sobre nuestro acontecer cotidiano. De aquí, la amplia relevancia de poner sobre la mesa la noción de la Cultura de la Legalidad.
Retomo, en primera instancia, la definición utilizada por la Ley de Fomento de la Cultura de la Legalidad del Estado de México, como “el conocimiento que tiene una sociedad de su sistema jurídico, su respeto y acatamiento, así como el compromiso del ciudadano por cuidarlo, defenderlo y participar en su evolución para consolidar un sistema de mayor justicia”; en segundo lugar, plasmo aquella que el Dr. Víctor Villagrán, filósofo y jurista chihuahuense, menciona en su libro “La cultura de la legalidad en México” como “una condición en la cual la población en general sigue las leyes y cuenta con el deseo de acceder al sistema de justicia con el fin de solucionar sus controversias, lo cual refiere puntualmente el seguimiento de las leyes por parte de la población”. Finalmente, abono mi singular punto de vista, explicando el concepto como la propensión personal que conscientemente tiene el individuo para decidir respetar la ley más allá de las sanciones a las cuales podría ser acreedor ante el incumplimiento de la misma.
Es decir, como una primera conclusión, podríamos estar de acuerdo en que el núcleo de la Cultura de la Legalidad es el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos más allá de una obligación derivada del temor a una sanción; la motivación parte de la propia convicción de cada individuo para cumplir con tales ordenamientos desde nuestro contexto ético, moral y de civilidad.
Ahora bien, el vínculo entre las leyes y la justicia en nuestro país ha revelado innumerables indicadores sobre la desconfianza social en la aplicación de las primeras y en la ejecución de la segunda, forjando así un clima idóneo para el incremento exacerbado de la impunidad. La cual lleva a que quienes actúen fuera de la ley no necesariamente ameriten una sanción ejemplar que marque un precedente para minimizar la no observancia legal, creándose así un círculo vicioso de la impunidad como causa de una falta de Cultura de la Legalidad y/o viceversa. Surge entonces el cuestionamiento ¿la impunidad contrarresta el fomento de la cultura de la legalidad? o ¿la falta de cultura de la legalidad da pie a una mayor impunidad?
Desafortunadamente, dentro de la propia idiosincrasia del mexicano existe una constante adulación a quien rompe las reglas (basta con escuchar algunos refranes tradicionales como “el que no tranza no avanza”, “sólo con palancas entras” o “con dinero baila el perro”), hay que tener claro que el terminar con esa ideología o falacias culturales es una tarea que debe abordarse desde diversas esferas institucionales: el seno familiar, el ámbito escolar y laboral, el contexto vecinal y, fundamentalmente, la reflexión personal.
Para quienes somos padres de familia es crucial el ejemplo que damos a nuestros hijos; si ellos nos ven pasando un semáforo en rojo aun cuando el tránsito vehicular sea escaso, arrojando basura en las calles, comprando piratería u ofreciendo una cantidad monetaria para evitar alguna amonestación, es suficiente para que lo repliquen en su edad adulta. Por el contrario, si optamos por replicar campañas de formación cívica en nuestros distintos ámbitos de acción, estaremos permanentemente orientando en valores y actitudes de respeto a la legalidad a todos aquellos con quienes nos relacionamos día con día.
Sirvan como referente para decidir nuestras estrategias de cambio, algunos datos publicados por la Asociación Civil México Unido Contra la Delincuencia en su Índice de Disposición hacia una Cultura de la Legalidad publicado en 2015, donde encontramos que hay mayor disposición hacia una Cultura de la Legalidad en la población de menor preparación profesional, menor edad y que habitan en zonas rurales; contradictoria y, paradójicamente, las personas con preparación universitaria y posgrado, tienen mayor resistencia a cambiar sus actitudes en abono a la Cultura de la Legalidad.
Esto demuestra las grandes áreas de oportunidad que tenemos los servidores públicos, los padres de familia, los docentes y la sociedad en general para enseñar, difundir y concientizar a la población sobre la importancia de la Cultura de la Legalidad; 2020 es una oportunidad para crecer como ciudadanos conscientes de nuestra propia circunstancia social y la enorme responsabilidad que individualmente tenemos frente a ella. ¡Que sea un buen año para todas y todos!
