La destitución de Santiago Nieto Castillo de su cargo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se da en un contexto político complicado, cuando el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, en su carácter de encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, determinó que el Fiscal especial violó la secrecía de la investigación de Odebrecht.
Esto ha ocasionado un sin fin de reacciones en diferentes sentidos, tanto de la clase política, como de los medios de comunicación, ante la expectativa de la sociedad y algunos hasta minimizan el hecho de que un encargado de despacho haya tomado una decisión tan relevante. No es para menos, el próximo año habrá una contienda electoral de una magnitud aún inimaginable y todos lo que tienen que ver con la aplicación de la ley estarán en el ojo del huracán.
A dicha destitución se suman protestas respecto de las investigaciones que, según señalan, quedaron pendientes, como las que se siguen en contra de los ex gobernadores priistas, el mal uso de programas sociales para los damnificados por los sismos de septiembre, entre otros. Pero, la institución no depende de una persona para continuar con la integración de los expedientes, aunque así parezca; las investigaciones no pueden detener su curso, al menos continuar con su integración debe ser una obligación.
Tras la sospecha de que la orden vino de la oficina de Los Pinos, surge naturalmente la pregunta ¿Por qué no fue Raúl Cervantes, cuando aún era Procurador General de la República, quién determinó el cese del fiscal especializado? Si se debe a la violación de la secrecía, como argumenta el encargado del despacho, el acto incorrecto del fiscal ya se había cometido, ¿no quiso hacerlo Cervantes? ¿desobedeció?
Ahora bien, no debe perderse de vista que Santiago Nieto sí deslizó información importante a la prensa y por la ligereza para hablar de asuntos oficiales saboteó de alguna manera el destino de la investigación, ¿no es esto anti ético? No parece ser que el único interés obedecía a la transparencia del actuar del fiscal; porque en el caso de que considerara necesario demostrarlo, puede presumirse que éste era dudoso o que obedecía a otros intereses que no eran necesariamente los propios de su encargo. Nieto, ha sido siempre cercano a los partidos de izquierda; sin embargo, sea o no de izquierda, no puede ser un motivo válido para dudar de su profesionalismo, ya que Arely Gómez y Raúl Cervantes son militantes del PRI, aunque quizás sí su actuación.
Todo se resume a lo que dio a conocer Nieto sobre el asunto de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, quien le mandó una carta diciendo que quería que hiciera un pronunciamiento público sobre su inocencia por el tema de Odebrecht, enviándole su currículum y sus antecedentes familiares; tal vez, con ello pretendió defenderse de las sospechas que pesan en su contra; pero ni uno ni otro actuó con prudencia, porque al final son las instituciones, en estricto apego a derecho, las que determinarán el resultado sobre una investigación.
