Al inicio de la semana pasada aparecieron, en la capital de nuestro estado y sus alrededores, una serie de mantas con amenazas de ataques al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
En un principio parecía una amenaza como tantas, tan solo para que este grupo, la Familia Michoacana, apareciera en los medios; sin embargo, durante el fin de semana, iniciaron los cobardes ataques a policías e investigadores de la fiscalía. El domingo, un elemento de esta institución, quien viajaba con sus dos hijos, fue asesinado en el municipio de Villa Victoria, en los límites con el estado de Michoacán. Lo más grave es que sin importarles los daños colaterales también mataron a dos prqueños.
El lunes de esta semana, en el municipio de Ixtapan de la Sal, al sur de nuestro Estado, cinco policías de investigación de la misma fiscalía fueron acribillados mientras tomaban sus alimentos, resultando con heridas, dos de ellos, de gravedad.
Podríamos pensar que la policía, y quienes nos hemos dedicado a la seguridad, estamos enterados de la peligrosidad de ese trabajo y siempre estaremos preparados para este tipo de situaciones. Recordemos que la policía tiene normas jurídicas y reglas de comportamiento y los delincuentes no, los ataques del crimen organizado son cruentos y sin limitaciones, no les interesa el daño que causen.
Ya lo comenté en la columna anterior, estimados lectores, la afrenta de estos delincuentes no es solo a la autoridad, es al Estado y ese Estado tiene como elementos jurídicos, un gobierno y ciudadanos, los cuales también son agraviados y en muchas ocasiones afectados directamente por estas acciones sin justificación.
Es cierto, quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley, corren siempre un riesgo, pero eso no justifica el asesinato sin piedad de ellos y sus familias. Ya basta de postrarnos ante la delincuencia. Apenas este martes en la ciudad de Toluca, en un asalto, murieron dos más. El delincuente cada día es más violento y los policías cada día están más limitados y las acciones en el cumplimiento del deber son juzgadas con mano dura, mientras el delincuente puede salir libre por cualquier recoveco legal que parezca violación a sus derechos. Aclaro, nunca estaré de acuerdo en que se conculquen los derechos humanos, pero sí debemos exigir que se investiguen a profundidad y se juzguen conforme a derecho las acciones en el cumplimiento del deber. No olvidemos que la ciudadanía también tenemos el derecho a la legítima defensa, esperemos nunca llegar al momento en el que esta desaparezca para proteger a los delincuentes.
Por cierto: Otra vez se produce una fuga de hidrocarburos en Tlahuelilpan por la acción de huachicoleros. Es verdad cuando se dice que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra varías veces.
