No puede haber un solo mexicano que justifique los casos de corrupción de nuestra clase política. Ni por simpatía, ni por militancia, ni por agrado a determinada figura se puede tolerar el daño hecho al patrimonio de la nación y a los fraudes que, directa o indirectamente, han condenado a millones a vivir en condiciones desiguales, impidiendo su desarrollo pleno por servidores públicos que utilizan las instituciones para satisfacer sus ambiciones e intereses particulares. Es antipatriota encontrar motivos para solapar y evitar señalar a aquellos que con sus acciones han lastimado a los mexicanos, lucrando con un Estado que debiera procurar el bienestar del pueblo.
Transitamos una coyuntura en la cuaal debemos asumir postura, al haberse reavivado el debate sobre la corrupción gubernamental. No puede haber mexicanos que antepongan su afiliación partidista sobre los individuos que han hecho daño a nuestra patria. En todos los colores ha habido escándalos, pero es tan inmoral quien los comete como quien los defiende. No hay adhesión política que vaya por encima del patriotismo. Como sociedad, como ciudadanía y como pueblo, estamos obligados a señalar a quienes han lacerado nuestras instituciones democráticas y promover una procuración de justicia que nos fortalezca como país.
El gobierno debe asumir la responsabilidad de aplicar la ley sin ser selectivo, no se puede caer a nivel municipal, estatal o local, en la larga tradición política de nuestro país de administrar la Constitución para castigar a quienes no son afines a determinado proyecto político. La justicia no puede politizarse, debe ser un ideal perseguido cotidianamente por las instituciones del Estado mexicano.
Quienes han traicionado la confianza de los mexicanos, y han dañado los organismos públicos, deben rendir cuentas ante la sociedad.
Independientemente de quien sea culpable, la población merece instituciones que pretendan en todo momento la aplicación de la ley a todos sin distinción, especialmente a quienes han utilizado al gobierno para beneficiarse. Es inmoral la defensa de quienes han fallado a la confianza de los mexicanos, independientemente de las coincidencias que se puedan tener por simpatía o partido político. El gobierno está en el deber patriótico e histórico de buscar alcanzar la justicia, sin utilizar su procuración con fines mediáticos, políticos o electorales. Es decir, quien estuvo involucrado en un escándalo de corrupción tiene que ser sometido a juicio y la sociedad, sin sesgo, debe respaldar dicho proceso. La autoridad salvaguardando las aspiraciones populares, debe asegurarse de actuar con ecuanimidad, apego a derecho y aplicación total de la Constitución, sin ser selectivo ni pretender beneficios a partir de cualquier proceso. México y los mexicanos merecen una clase política responsable en el ejercicio de poder y, en caso de fallar, ser sancionados por lo dictado en nuestra Carta Magna.
