Más allá de la manera como haya ocurrido, el hecho es que -durante la semana que concluye- se filtraron un video y una denuncia penal hecha ante la Fiscalía General de la República (FGR), que muestran probables actos de corrupción (a menos que en el caso del video estuvieran juntando la “tanda”), y han alimentado las expresiones y el deseo de castigo contra quienes estuvieran involucrados.
Una encuesta realizada por el diario “El Financiero” señala que ocho de cada 10 entrevistados desea que se indague y se castigue al ex presidente, Enrique Peña Nieto, por los presuntos sobornos ocurridos el sexenio pasado. Esa información se hizo pública el miércoles 19 de agosto y ese mismo día por la tarde, empezó a circular la denuncia penal que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, presentó ante la FGR, en la que acusa a 16 políticos y ex funcionarios, entre quienes destacan los ex presidentes: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari.
En el documento que circuló -y por el cual la FGR abrió una carpeta de investigación, luego de deslindarse por la filtración- uno de los hombres de “mayor confianza” del sexenio pasado, explicó ante la fiscalía la forma de operar de los tres expresidentes y 13 ex funcionarios y políticos, en el periodo de 2010 a 2016; incluyendo a dos ex candidatos presidenciales: Ricardo Anaya –del Partido Acción Nacional- y José Antonio Meade –del Revolucionario Institucional. Para este momento, muchos de los señalados ya hicieron los deslindes públicos correspondientes, pero habrá que esperar a las acciones de la autoridad.
Más allá de lo que jurídicamente deba proceder –y ojalá que se realice con total apego a derecho-, la nueva tribuna pública: las redes sociodigitales, se erigieron de inmediato en tribunal, juez y verdugo contra quienes han sido señalados, tanto en el video –donde se muestran enormes cantidades de dinero empaquetadas en plástico-, como en el documento de 63 cuartillas que se presentó ante la Fiscalía General de la República.
Y con todo ello, la narrativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el país estaba hundido en un entorno de corrupción, adquiere –de manera más o menos formal- nombre y apellido.
Hace algunos días –luego de que llegó Emilio Lozoya a México-, el presidente expresó que todo el país debía conocer las declaraciones del ex director de Pemex, y que debían hacerse públicos los videos que tanto se han mencionado. Casualmente, a través de las “benditas redes sociales”, se cumplieron los deseos presidenciales. El punto es que en política no hay casualidades y menos cuando se conoce el poder y se ejerce a plenitud, sobre todo en contra de los adversarios.
De esa forma, nos encontramos en lo que hace varios meses advertimos en este espacio -exactamente el 22 de noviembre de 2018- luego de que el presidente había asegurado que “no perseguiría a los corruptos que cometieron ilícitos antes de su gobierno”, aunque posteriormente anunció que “consultaría con el pueblo esa decisión”, dejando entrever que sería posible llevar a juicio a quienes hayan sido corruptos.
En aquella colaboración de 2018 (“Adversarios permanentes”) señalé que si bien había obtenido un margen amplio con 30 millones de votos, era claro “que su objetivo es mantener y acrecentar ese apoyo, por lo que no dudará –si así se necesita para fortalecer su proyecto- en enjuiciar a servidores públicos del actual gobierno. Al tiempo.”
Y parece que el tiempo se aproxima, porque, como lo escribí esa ocasión: “La mejor manera de erigirse en el héroe que defiende al pueblo o que lucha para acabar con las injusticias, es mantener un rival, y esa ruta se sostendrá, al menos, hasta que se lleven a cabo las elecciones intermedias en 2021, en las que se renueve la Cámara de Diputados federal”.
Esa es la meta y por ello las filtraciones en las “benditas redes sociales”, llegan como “anillo al dedo” del objetivo fundamental: preservar el poder y destruir a los opositores.
PERCEPCIÓN
El artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal vigente en la entidad, establece que para ser secretario del Ayuntamiento se requiere: “en los municipios que tengan más de 150 mil (habitantes) o que sean cabeza distrital, tener título profesional de educación superior”. Toluca tiene poco más de 480 mil habitantes y es cabecera distrital.
Quien –dicen- será el próximo secretario del Ayuntamiento de la capital mexiquense, luego de la renuncia de Ricardo Moreno, ¿cumplirá ese requisito?
