Con más desplantes políticos que hacendarios, gobernadores del PAN , del PRI y del PRD han plantado cara al gobierno federal con la supuesta exigencia de diseñar un “nuevo pacto fiscal” que, según ellos, permita una mejor distribución de recursos en las entidades, especialmente en aquellas que más aportan al PIB.
Todo esto ha sonado muy bien desde hace por lo menos 20 o más años, pero el caso es que reforma fiscal tras reforma fiscal, lo único que se ha logrado es que las haciendas de los estados dependan cada vez más de los recursos recaudados por el gobierno federal, vía potestades tributarias centralizadas.
Muchos de los gobernadores que integran la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores) han entrado más en una disputa de carácter político-ideológico frente al gobierno autodenominado de la “Cuarta Transformación” (esto por la postura de sus partidos en determinados temas, vinculados más al defenestrado neoliberalismo) que a una propuesta de re-distribución de facultades para fortalecer sus haciendas públicas.
En otras palabras, los gobiernos estatales no se quieren hacer cargo de la ejecución del cobro de impuestos pues, como se dice, siempre es más fácil estirar la mano que cargar con la responsabilidad de llamar a cuentas a los contribuyentes pues esto finalmente se traduce en descontento (y en menos votos para la siguiente elección).
Según estudios de diversas dependencias (Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Hacienda, Congreso Federal y otras), la dependencia de las entidades a los recursos provenientes de la federación ha superado incluso el 86 por ciento de los ingresos propios estatales, esto en al menos 30 estados, como sucedió en los últimos años.
Esa dependencia, generada por anteriores acuerdos con otros gobernadores igualmente comodinos, lo que ha provocado es que los responsables de las haciendas estatales, incluidas los de las municipales con el impuesto predial, por ejemplo, realicen el mínimo esfuerzo de recaudación, pero quieren más recursos.
Optan por los gritos y sombrerazos en busca de fondos ante el gobierno federal en medio de un margen cada vez más estrecho de distribución por parte de éste, en vez de hacer frente a los costos políticos y administrativos que supone poner a trabajar a la burocracia encargada de recaudar.
Esto podría denominarse como “astucia fiscal” de los mandatarios estatales, eludiendo tener al contribuyente en la ventanilla, pero en realidad se trata de lo que los estudiosos han denominado como “pereza fiscal”, de ahí incluso que las deudas estatales se hayan incrementado también en forma notable en los últimos años para cubrir los déficit fiscales, esto es, que los gobiernos estatales enfrentan sus gastos mediante la contratación de créditos que, en el colmo, también son pagados en su mayoría con recursos federales, no con ingresos propios.
El gobierno federal ya les lanzó la zanahoria a los mandatarios estatales con la promesa de una pretendida revisión de las leyes para una mejor redistribución de los fondos, pero en este como en muchos otros casos, “el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila”, y eso es lo que ha sucedido con las hacienda estatales y municipales en cuando menos las últimas dos décadas.
