Cuando me titulé como Licenciado en Derecho, protesté cumplir con la Constitución Mexicana y las leyes que de ella emanaran, como joven profesionista lo hice con la firme idea de siempre hacer valer la legalidad, el estado de derecho y nunca apartarme del camino que las normas jurídicas trazan a los profesionales del derecho, consciente también de servir a mi país y sobre todo a mis conciudadanos anteponiendo el interés general al particular. Si no me equivoco todos los que obtenemos un título profesional, hacemos este compromiso con la sociedad y nuestra conciencia.
También al tomar un puesto de elección popular o un cargo público, es indispensable rendir la protesta de ley en la que también se hace el compromiso de respetar las normas que rigen la vida de las mujeres y hombres en sociedad.
Y este fin de semana me preguntaba: ¿en dónde quedó esta promesa social, este compromiso de hacer cumplir la ley de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar Constitucional una consulta pública para decidir si se aplica o no la ley?
Así de sencilla es la cuestión, vamos a consultar si se aplica o no la ley y entonces la facultad que tiene el Estado para hacer valer el derecho queda supeditada a la voluntad popular y también tendríamos que consultar al populus si multamos al que tira la basura en la calle o si infraccionamos al que se pasa el alto, también si procesamos al que le pega a su esposa o al que comete un feminicidio.
No, estimados lectores, la aplicación de la ley no se consulta, cuando existen los elementos suficientes la ley se aplica, no podemos olvidar, en su más sencilla interpretación, la figura del pacto social de Juan Jacobo Rousseau, “ los seres humanos se reúnen para vivir en sociedad y entregan parte de sus derechos al Estado para que éste vele por el respeto a la esfera jurídica de cada uno de ellos”, de otra manera desde hace muchos años se harían encuestas para aprobar la aplicación de la ley.
Se les olvidaría a los ministros que, en materia penal, existen los elementos que dan forma a los delitos y que, si estos se cumplen, simplemente se inicia la investigación y en su caso el proceso para sancionar y no es necesaria una consulta para determinar si el aparato del Estado, creado para tales fines, se pone en funcionamiento.
También se les olvida que existe una afectación a la esfera jurídica de los Ciudadanos, porque recordemos que somos parte del Estado y cuando se trastocan sus intereses, también se afecta a cada uno de nosotros, entonces si un grupo de ciudadanos, en la consulta, decide que no se aplique la ley, en donde queda el derecho de los demás a esa reivindicación social y jurídica.
En fin podríamos seguir mencionando muchos temas jurídicos que olvidaron los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una resolución que carece de todo sustento jurídico, pero debemos concentrarnos en el punto más grave: ¿en dónde queda el equilibrio del poder público?, ¿en dónde dejaron la tan mencionada Tutela Constituciones?, que es su principal obligación, ¿en dónde quedó la autonomía del poder Judicial?, todo eso desapareció de un plumazo, en una votación sin lógica ni sustento legal.
Qué pena, y es mi opinión personal y como profesional del derecho, que la justicia se subyugue a las decisiones políticas, qué pena que la ley se aplique por la opinión popular, pero lo más triste es que la diosa Temis, la representación de la justicia, ahora se muestre arrodillada y doblegada por una determinación unilateral.
Por cierto: Los feminicidios siguen en aumento en todo el territorio Nacional, es tiempo de recordar que los valores en la educación nos darán la fortaleza para acabar con este flagelo social, el respeto que enseñemos a nuestras hijas e hijos para con los demás y sobre todo con las mujeres abonará en la solución del problema.
