En la historia de nuestro país, desafortunadamente, hemos conocido episodios obscuros de corrupción en donde la ley se aplica según el postor, pero esta lacra social no es una condición existente en México. A nivel mundial se conocen casos en los que se cambian los hechos o se les da una interpretación diferente para beneficio o perjuicio de alguna de las partes.
En un país en desarrollo como el nuestro, en donde la democracia cambia la forma de aplicar la ley y, desgraciadamente, se ha establecido como moda la aplicación de la norma, en especial la penal, con visos publicitarios y con la finalidad de quedar bien políticamente ante las multitudes, se juzga a unos con mayor severidad y a otros con mano ligera y así, sin dudarlo, la justicia da vuelcos inesperados constantemente. Y si no lo creemos, observemos las reacciones de las autoridades administrativas, de persecución de los delitos y hasta jurisdiccionales en casos específicos
Si se quemó una discoteca (el Lobohombo) mano dura con los dueños y a hacer revisiones y clausuras de todos los lugares con estas características. Si murieron varios jóvenes en un tumulto provocado supuestamente por un operativo de la autoridad, a castigar con mano dura a la autoridad y revisar los protocolos para los operativos. Si murieron varios ciudadanos, en la explosión de una tubería de Pemex, provocada por una fuga en la misma, a buscar culpables y revisar todas las tuberías ordeñadas.
Y así podríamos mencionar muchos ejemplos y ¿no les parece, estimados lectores, que actuamos reactivamente, cuando deberíamos prever y aplicar la ley a quienes no toman estas medidas y permiten las desgracias?, pero también a la autoridad omisa en su responsabilidad y que esta responsabilidad se aplique a todos los actores.
Hoy quiero referirme a un caso muy doloroso, pero en el que también la ley se aplica solo a unos y muchos han quedado sin castigo por la necesidad de complacer a las mayorías.
Es el caso del colegio Enrique Rébsamen, en el cual murieron más de veinte personas, adultos y niños, quienes a consecuencia de la negligencia humana y un fenómeno natural perdieron injustamente la vida.
Así de injusta fue la pérdida de estos invaluables seres humanos, como injusto ha sido el que solamente se enjuicie y castigue a una sola persona por estos hechos, ya que la responsabilidad fue conjunta entre autoridades, peritos, constructores y la directora del plantel.
A petición social, el proceso penal al que se pusieron todos los reflectores encima fue el de la llamada Miss Moni, quien era la dueña y directora de la escuela y estoy seguro que una vez que la sociedad sacie su sed de justicia con esta sentencia, el caso será olvidado quedando los otros actores en posibilidad de evadir a la justicia. Y no es, estimados lectores, que yo apoye la inocencia de la directora, tendrá que cumplir con su destino legal, pero la ley es general y debe aplicarse de la misma manera a todos los implicados. Yo me preguntaría ¿qué ha pasado con el caso del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México, en donde también murieron alumnos, durante el terremoto de 2016? El puente que se cayó fue construido incumpliendo, también, con estándares requeridos y en este caso ¿a quién se ha castigado?
Y así varios inmuebles en la Ciudad de México que se colapsaron y causaron pérdidas de vidas, ¿en dónde están los responsables y a cuántos se ha castigado?
No es mi idea que la impunidad sea la regla, que se aplique la ley a todo aquel que la infrinja, pero que se haga con igualdad de circunstancias y no por cumplir una sed de venganza social o política, que no sea un linchamiento social o mediático la aplicación de la norma, que se juzgue por igual a todos los responsables.
Por cierto: durante la semana pasada hubo por lo menos dos accidentes de transporte de materiales peligroso en la carretera México-Toluca, y las medidas de seguridad siguen brillando por su ausencia, a los que transitamos constantemente esa vía recomiendo cuidado, a las autoridades mucho ojo y a los transportistas valoren la vida de los demás.
