El domingo pasado, el periódico Reforma abrió la mañana con datos estremecedores: de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública “cada día 58 personas en México denuncian haber sido víctimas de violación sexual, un delito que se ha disparado este año a niveles nunca antes vistos.”
Refiere que de enero a septiembre se iniciaron 15 mil 744 carpetas de investigación por este ilícito, cifra que representa 28.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2020, que sumó 12 mil 237 denuncias; además, en números absolutos las entidades con mayor incidencia de violaciones son el Estado de México y la Ciudad de México, con 2 mil 6 y mil 661 casos, respectivamente, en los primeros nueve meses del año.
A esta realidad se suman las cifras de feminicidio, las de acoso sexual, las de discriminación por razones de género, las de trata de personas, que en conjunto forman un contexto de violencia inadmisible en el que la acción de gobierno, en todos los órdenes, parece quedarse a la zaga aun cuando son muchas las acciones, las estrategias, planes, programas y servicios destinados a sensibilizar, prevenir, atender y erradicar la violencia y particularmente la violencia sexual.
Hace seis años, el 31 de julio de 2015, en el Estado de México se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG), un mecanismo que busca proteger los derechos humanos de las niñas y mujeres ante el crecimiento de la violencia feminicida ejercida en su contra, incluyendo la violencia sexual, por supuesto.
Las acciones emergentes desprendidas de dicho mecanismo se implementan en los territorios donde más se recrudece la violencia, para el caso del Estado de México, la AVG opera en once municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Sin embargo, no ha sido suficiente para construir ese frente de combate que resguarde los derechos de las mujeres, que frene y erradique la violencia y las desigualdades que las aquejan. Como hemos visto, las violaciones a sus derechos humanos a la seguridad, a la integridad y a la vida se han recrudecido, se extienden a lo largo y ancho del territorio estatal.
Es lamentable enterarnos del subejercicio de los recursos asignados a la AVG y de los pocos o nulos resultados en este tema, cuando lo que está urgiendo es un despliegue real y comprometido de acciones y servicios, tales como: realización de diagnósticos, de actividades preventivas y evaluación exhaustiva, amén de la atención integral a las víctimas y sus familias.
Las instituciones públicas deben tomar decisiones y actuar con valentía para derrumbar la normalización de las prácticas instauradas por el patriarcado, así como las estructuras de poder que han subyugado a las mujeres tratándolas como personas inferiores, al grado de resquebrajar su dignidad e, incluso, destrozarles la vida.
La mejor herramienta, lo he dicho antes y lo sostengo, es la educación y la reeducación total en materia de derechos humanos y sexualidad. La indolencia, la indiferencia y la complicidad, se convierten en actitudes criminales por la omisión que implican. Cada persona, no solo las instituciones y el gobierno, debe hacer lo que le corresponde desde su ámbito y comenzar ya, partiendo de la cero tolerancia hacia el menosprecio, hacia la indignidad que ocasionan la discriminación y el abuso reiterado.
Los derechos de las mujeres son derechos humanos, una sociedad que se diga democrática y aspire al desarrollo debe velar por el respeto absoluto y todo lo que éste conlleva en materia de igualdad, legalidad y sana convivencia social. En esta lucha, ni un paso atrás.
