La base de la democracia se centra no en los principios electorales sino en un conjunto de libertades y garantías que dan pie a que puedan existir elecciones libres y auténticas en nuestro país.
Las libertades democráticas como el derecho de asociación y reunión, el de libre manifestación de las ideas, mejor conocido como libertad de expresión, son elementos esenciales del modelo democrático y de participación en la vida política en las sociedades democráticas occidentales y se encuentran protegidos no solo constitucionalmente, sino en el concierto de protección y promoción de los derechos humanos. Es decir, estas libertades se han convertido en derechos protegidos por el sistema internacional de justicia y, por consiguiente, al ser incorporados a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos signados por nuestro país, se encuentran en un rango de protección superior internacional.
En las últimas semanas el INE ha instaurado una serie de procedimientos administrativos tendientes a sancionar a diversos ciudadanos y funcionarios públicos, por supuesta violencia política de género en publicaciones en redes sociales, que en su justa dimensión no dicen nada ni tienen un contenido violento. Se trata de una actitud desproporcionada y sin sentido por parte del INE que raya en lo ridículo. El estándar de protección de los derechos humanos en materia política es superior en cuanto se trata de puntos de vista u opiniones que se vierten frente al poder y los poderosos o poderosas.
En el debate político entre funcionarios o servidores públicos la “violencia de género” debe estar plenamente acreditada no solo por las expresiones en sí mismas, sino por el sentido y en el contexto que se llevan a cabo. La utilización de denuncias sobre violencia de género a partir del debate político público se ha generalizado erróneamente, pues la autoridad electoral indebidamente ha impuesto como sanción la posibilidad de que los ciudadanos pierdan o se le suspendan sus derechos políticos y, por ende, no se les permita participar como candidatos en próximos procesos electorales.
La intimidación que lleva implícita la instauración de estos procesos limita el debate político público y genera la existencia de una frágil democracia. En los hechos se está instaurando una clase política femenina de “cristal”. Solo para ilustrar lo que sostengo basta echar un vistazo a la publicación hecha por la diputada Andrea Chávez y que le ha valido la pérdida de sus derechos políticos.
La publicación no hace referencia a una diputada en particular pues no menciona ni su nombre y además no se observa ninguna expresión que denigre, violente u ofenda a esa diputada.
El INE y el tribunal electoral han decidido que se trata de una publicación indebida y que se ha ejercido, aunque usted no lo crea, violencia política de género, por lo que pretenden imponerle como sanción la pérdida de su derecho a ser electa en el futuro. Una medida extrema y desproporcionada, pues la pérdida de los derechos políticos es una sanción grave que limita la ciudadanía en el ejercicio de derechos de participación democrática. Ni los presuntos responsables de delitos como los de delincuencia organizada, violación, homicidio, etc., se les puede limitar sus derechos electorales sino hasta que son sentenciados.
Sin embargo, el gran sensor político electoral en que se ha erigido el INE y el órgano jurisdiccional, pretenden establecer el régimen de control y censura de las expresiones en las redes sociales que, dicho sea de paso, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha señalado como espacios de libertad absoluta. Los intentos por regular los contenidos en las redes sociales han fracasado, pues la sociedad se ha apropiado de ellas y ha mantenido a las autoridades ajenas a su regulación.
El INE instaurado como gran censor y el Tribunal Electoral actuando como compinche, pretenden establecer el régimen del terror, toda vez que intentan acallar las voces que estima incómodas y utiliza el concepto de violencia política para amedrentar. El caso de la diputada Andrea Chávez no es el único, pero es emblemático por lo ridículo.
La Fundación Internacional de los Derechos Humanos ha sido categórica al calificar este acto como “ilegal, inmoral y anti democrático”. Existen otros procedimientos en contra de periodistas y columnistas como Epigmenio Ibarra o el de la senadora Antares Vázquez Alatorre, cuyo caso también ha sido digno de pronunciamiento de la destacada Fundación Internacional para los Derechos Humanos que sostuvo: “La exoneración es justa, pero el sistema que permite la censura y la represión de quienes hacen uso de su #LibertadDeExpresión es radicalmente injusto. Sólo la Justicia debe actuar en casos realmente delictivos, no hacer análisis políticos para castigar”.
El modelo de impartición de la justicia con base en la interpretación creativa de la ley no debe utilizarse para retroceder. Las sociedades no deben utilizar el fenómeno de la violencia política de género para buscar venganzas políticas ni para limitar el debate público. El movimiento feminista debe de expresarse en defensa de una de las suyas y en contra de los abusos que se comenten utilizando su legítima lucha.
Por lo pronto, basta decir que esos 11 consejeros del INE, han abusado de la confianza y se han convertido en una junta gubernativa propia de los regímenes golpistas.
**En solidaridad con Andrea Chávez, aguerrida y joven diputada.
