“Desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar”; “poner una cosa o a una persona en el lugar o puesto de otra”; “trasladar, hacer que una persona o cosa pase a ocupar otro sitio”; “pasar [una cosa o una persona] a ser diferente de como era antes”, son algunas de las definiciones del verbo “cambiar”, según Oxford Languages.
Y de eso tratan las elecciones de autoridades. Decidir sobre las diferentes alternativas para que las cosas no sean como antes con el objetivo de que sean mejores (al menos en teoría). Cuando se decide hacer cambios en nuestra vida (se supone) es para renovar y mejorar las circunstancias actuales. Al menos esa es la intención.
Sin embargo, en muchas ocasiones los cambios no necesariamente significan una mejora. A veces podemos quedar igual o, incluso, peor que al inicio. Eso significa que, quizá, no dimos los pasos correctos o las circunstancias no favorecieron las mejoras a las que aspirábamos.
En 2018, por ejemplo, muchas personas decidieron apoyar la propuesta del candidato, Andrés Manuel López Obrador. Abatir la corrupción y terminar con un modelo de gobierno que –desde su perspectiva- había provocado pobreza y marginación para millones de mexicanos. No mentía.
En ese momento más de la mitad de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza y no tenía posibilidades de salir adelante. Además, los escándalos de corrupción que se hicieron públicos evidenciaron a un régimen de gobierno priista en el que algunos de sus protagonistas abusaron de su posición para ascender (en lo personal) a un estatus económico que no necesariamente se lograba “con el sudor de su frente”.
Se generó una expectativa tan alta que logró más de 30 millones de votos y obtuvo la Presidencia de la República. Envío a un tercer lugar al candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, quien apenas rebasó los 9 millones de votos. En segundo lugar quedó Ricardo Anaya Cortés, del PAN, con 12.6 millones de votos. Los resultados indicaban que la mayoría de la gente quería “cambiar” –sí o sí- al partido en el poder, en ese momento del PRI.
Ahora, cinco años después, la corrupción no ha desaparecido y tampoco hay elementos que acrediten que en verdad se “cambiaron” (para mejorar) las circunstancias que favorecen las irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2021, que se dio a conocer el pasado lunes 20 de febrero, el gobierno de la 4T registró un número de irregularidades superior a las ocurridas durante el gobierno anterior priista. Aquel que se cambió en 2018 por morena.
En el tercer año de la llamada “Cuarta Transformación” dejaron de solventarse 61 mil 824.8 millones de pesos, además de que quedaron sin recuperar 55 mil 97 millones de pesos correspondientes a 2020 y 79 mil 384.3 millones que no se justificaron en 2019. En total -hasta la mitad del sexenio del presidente López Obrador- suman más de 196 mil 306 millones de pesos en irregularidades.
Para comparar si el “cambio” promovido en 2018 fue para mejorar, un dato comparativo: En los seis años del gobierno pasado, las anomalías que detectó la ASF sumaron –en los seis años- 188 mil 472.3 millones de pesos y ahora, en solo tres años que se han documentado, ya rebasan los 196 mil millones de pesos. Falta revisar tres años más.
Ahora, es necesario precisar que muchas de esas irregularidades ocurrieron en los gobiernos de los estados, pero en lo que respecta al sector de Desarrollo Social –dependiente del gobierno federal a través de las áreas del Bienestar, Educación, Salud, Desarrollo Agrario, Medio Ambiente, Agricultura y Cultura- se reportaron inconsistencias por 14 mil 997.8 millones de pesos. En el gobierno anterior ese dato –en todo el sexenio- fue por 4 mil 740 millones de pesos.
Con ello no quiero decir que antes estábamos mejor, ni pretendo defender a quienes cometieron irregularidades en otros años, pero quizá la situación era “menos peor” de lo que ahora estamos.
Por ejemplo, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las acciones de la 4T para reducir la pobreza no han funcionado, porque los apoyos que se otorgan de manera universal no llegan a quienes viven en pobreza extrema y sí están mejorando las condiciones, incluso, de quienes no necesariamente los requieren. Tampoco hubo “cambio” para mejorar.
En ese contexto, ahora habrá que decidir en el Estado de México -el próximo 4 de junio- quién gobernará la entidad. ¿El PRI y sus “aliados” PAN, PRD y Nueva Alianza? ¿morena, PT y PVEM? ¿Movimiento Ciudadano (si es que decide competir)? Mucho por analizar, pero ahí están los datos.
PERCEPCIÓN
La narrativa de que “morena ganará la elección de junio próximo”, naturalmente es una estrategia de campaña, porque mucha gente siempre decide votar por quien se perfila para ganar. Como mexicanos no nos gusta perder. Cosas de política y comunicación.
