La UAEMéx toma decisiones contundentes ante casos de acoso y hostigamiento
La pretensión de morena para modificar la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y establecer que la elección de Rector -o Rectora- se haga mediante “elección directa y sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible”, es un aviso del objetivo de ese partido político: tomar el control de la institución para que funcione acorde con las determinaciones de la llamada “Cuarta Transformación”.
La iniciativa que presentó -el pasado 9 de marzo- el diputado federal, Armando Contreras Castillo, pretende la modificación del método actual de elección de quien dirige a la Máxima Casa de Estudios del país, el cual se realiza a través de su Junta de Gobierno.
La propuesta del legislador morenista surge en medio de la crisis por el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra, Yasmín Esquivel y luego de que el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú -en entrevista con la periodista Azucena Uresti- afirmó que “está abierta la posibilidad de que se le pueda retirar el título, siguiendo las rutas que la universidad tiene”, en apego a la normatividad de la institución. Apuntó que la universidad “no se quedará de brazos cruzados” y dijo que llevará su estrategia al mundo legal.
En política nada es casualidad y por ello no es difícil imaginar que, ante la negativa de la UNAM para dar “carpetazo” al tema del presunto plagio y exonerar a la ministra, ahora se haya decidido abrir un frente al amenazar la intervención de la legislatura federal -donde morena tiene mayoría- para cambiar un sistema que ha funcionado desde hace años.
Adicionalmente, hace unos días, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, descalificó el análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se afirma que la nueva ley electoral -conocida como el “Plan B”- es un “retroceso histórico”.
El mandatario federal reclamó que la UNAM no se hubiera manifestado de la misma forma cuando se realizaron cambios a las leyes en sexenios anteriores y acusó que esa opinión desfavorable a su reforma electoral es porque Lorenzo Córdova -el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE)- egresó de esa institución y “a lo mejor ahora que termine va a ir a trabajar a la UNAM”. “Me da una pena lo que han hecho de la UNAM, pero es lo mismo, son mafias de la academia”, subrayó el presidente.
Con ese antecedente, el diputado Contreras elaboró su propuesta, la cual se aplicaría en el proceso para elegir a la persona que ocupe la titularidad de la Rectoría de la UNAM de 2023 a 2027, y argumentó que el actual procedimiento -en manos de la Junta de Gobierno desde 1978- “retrata una situación incomprensiblemente cupular”, porque quienes integran ese organismo de la UNAM tienen una reducida rotación y sustitución de sus integrantes.
Al respecto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que la iniciativa es “un intento por desestabilizar la vida universitaria”.
Naturalmente una propuesta de democratizar las decisiones de las instituciones públicas es un incentivo atractivo para muchos sectores de la sociedad, pero pondría en riesgo las condiciones en las cuales se sostiene el trabajo de una institución académica como la UNAM, abriendo el paso a procesos electorales en los cuales la polarización y la búsqueda de los votos hará que se desvíe la atención de lo sustancial: generar y transmitir conocimiento.
Además, la idea del legislador de morena pierde de vista lo que el propio Congreso de la Unión aprobó en 2021 con la nueva Ley General de Educación Superior, en la cual se establece que debe garantizarse la autonomía de las universidades públicas y donde se determinó que cualquier cambio a la manera de gobernarse a sí mismas, deberá respaldarse en una consulta previa entre su comunidad.
El problema es que la sola idea de promover el voto universal, directo y secreto de toda la comunidad abre la posibilidad para agitar las aguas en la Máxima Casa de Estudios del país y eso, en un momento dado, podría extenderse a otras instituciones.
PERCEPCIÓN
La Universidad Autónoma del Estado de México está tomando decisiones contundentes ante señalamientos de acoso y hostigamiento sexual, particularmente cuando se trata de personas que ocupan cargos directivos.
La pregunta es: ¿Será necesario hacer evaluaciones psicométricas a quienes aspiren a una responsabilidad directiva o académica dentro de la institución?
