El Ejército Mexicano es una de las instituciones mejor valoradas por la población de nuestro país, principalmente porque desde hace 56 años, a través del Plan DN-III-E, realiza labores de protección civil, búsqueda, rescate y salvaguarda de la población cuando ésta enfrenta situaciones de emergencia o desastre. En las contingencias mayores, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es de las primeras corporaciones en llegar a las zonas afectadas para brindar apoyo y suele ser la última en retirarse, hasta que la situación de riesgo haya sido mitigada y se logre el restablecimiento de los servicios públicos vitales y la comunidad retorne a la normalidad.
Proporcionar ayuda humanitaria y protección a la ciudadanía ante emergencias y desastres no es una función para la que el ejército haya sido plenamente facultado, ni es su espíritu, ni su misión constitucional; sus funciones son otras y están relacionadas con garantizar la paz interior y combatir cualquier amenaza proveniente del exterior, en términos bélicos y de seguridad nacional, que amenacen su soberanía. Sin embargo, ha sido la única institución del país con capacidad de respuesta humana, material y técnica que, ante la debilidad o inexistencia de otras corporaciones que sí tienen como función principal dicha encomienda, ha permanecido y mejorado sus procesos en beneficio de la población.
En marzo de 1965 el Gral. Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional, fue quien ordenó la revisión y actualización del Plan de Defensa Nacional, un documento estrictamente militar, cuya innovación fue la incorporación de un Plan de Auxilio a la Población Civil ante desastres naturales, denominado “Anexo E”. Un año después, en 1966, el Presidente de la República lo autorizó y ordenó que fuera distribuido entre los 34 Comandantes de las Zonas Militares del país para su aplicación.
La versión inicial del Plan DN-III-E, incluía 5 instrucciones para el personal militar asignado: 1) Búsqueda, recolección, análisis y difusión de información específica en todos los niveles; 2) Alarma por todos los niveles disponibles, regionales o superiores; 3) Apoyo logístico (abastecimientos, alimentos, medicinas, materiales, etc.) y evacuación hacia áreas previamente determinadas. 4) Refuerzo en tropas y servicios de seguridad pública, para garantizar el orden y protección de las instalaciones y bienes afectados; 5) Salvamento, búsqueda y rescate en general, para entrenar tanto a los organismos responsables, como a la población civil. Acciones concretas que se ejecutaron por primera vez en octubre de ese mismo año, tras el desbordamiento del Río Pánuco, en Veracruz, a causa del huracán Inés.
En los años subsecuentes, entre 1971 y 1973, el Congreso de la Unión aprobó modificaciones en las Leyes Orgánicas del Ejército y de la Armada de México para sustentar legalmente la incursión de las fuerzas armadas en asuntos de protección civil. Durante 20 años, entre 1966 y 1986, prácticamente el poder militar se hizo cargo de las emergencias mayores y los desastres en todo México.
Los sismos de 1985 detonaron la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en mayo de 1986. El poder civil, al verse superado por los ciudadanos organizados y la estructura operativa del ejército, despertó del letargo e integró la atención de la protección civil en la estructura de la Administración Pública Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, reconociendo que esta era una función sustantiva del Estado Mexicano, cuya complejidad y dimensiones, necesitaban un enfoque sistémico, con responsabilidad en los tres órdenes de gobierno, en colaboración con la sociedad y el sector privado.
La creación del SINAPROC no sustituyó a las fuerzas armadas, sólo las integró en sus planes de auxilio y recuperación. En las dos actualizaciones que ha tenido la Ley General en la materia, en 2000 y 2012, la participación del poder militar sigue con gran preponderancia en la toma de decisiones en caso de desastres. En más de 35 años las autoridades civiles no han podido lograr una estructura efectiva de prevención, auxilio y recuperación sin el uniforme verde olivo encabezando las operaciones.
¿Hasta cuándo las autoridades civiles lograrán fortalecer la institucionalidad y capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y municipales ante emergencias y desastres? ¿Cómo hacer para que se destinen mayores presupuestos a labores de protección civil y gestión de riesgos en el ámbito civil? El servicio profesional de carrera, la autonomía presupuestaria y la autogestión de recursos son algunas opciones disponibles en algunas legislaciones y ordenamientos locales, sin embargo, dependen del liderazgo y visión de quienes toman las decisiones para que estas no se conviertan en letra muerta. ¿Necesitamos un nuevo General García Barragán? Esto es también protección civil. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Fue Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca,
Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal.
Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX
