Son cuatro las prioridades que deben atender las políticas públicas en materia de protección civil: 1. Comprender el riesgo de desastre; 2. fortalecer la gobernanza para gestionar los riesgos; 3. invertir para la resiliencia social; 4. aumentar la preparación para casos de desastre. Así lo establece el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre 2015-2030, firmado el 18 de marzo de 2015, en Japón, como resultado de una serie de consultas y deliberaciones entre los países miembros de la ONU, iniciadas en 2012 y concluidas en 2015, con la firma de un acuerdo que acumuló la experiencia e información de los últimos 25 años de desastres en todo el mundo.
En dicho contexto, los esfuerzos gubernamentales para la comprensión del riesgo de desastre –Prioridad Número Uno–, requieren de políticas públicas educativas que abarquen desde la primaria hasta el bachillerato, a fin de que en sus años formativos los jóvenes adquieran conciencia de cómo se construyen socialmente los riesgos, el compromiso de evitarlos e identificar sus propias vulnerabilidades. Paralelamente, crear estrategias de comunicación social para la divulgación del riesgo de desastre en los medios masivos de comunicación y redes socio digitales, mediante convenios de colaboración, programas de estímulos fiscales o modificaciones regulatorias a las pautas de los tiempos oficiales en radio y televisión, para incorporar la obligación de difundir “cápsulas preventivas”, o mensajes de “formación ciudadana” para la prevención de emergencias y desastres, ante los nuevos escenarios de crisis climática.
Para fortalecer la gobernanza para la gestión de riesgos –Prioridad Número 2– se requiere una amplia reforma a los marcos regulatorios y una reingeniería de procesos preventivos, reactivos y de recuperación en las Unidades Municipales y Estatales de Protección Civil, los cuerpos de atención a emergencias y en las entidades de desarrollo urbano, gestión territorial y ambiental, ya que es necesario cambiar los paradigmas de la gestión pública análoga y transitar hacia la gestión pública digital, es decir, modificar los procedimientos y trámites haciéndolos más sencillos –preferentemente sin uso de papel, ni sellos de goma–, no redundantes, automatizados, mediante dispositivos electrónicos e insumos digitales.
Que el reporte de una condición de riesgo, denuncia, accidente, verificación, o la gestión de un programa de protección civil se pueda realizar desde un dispositivo electrónico y, de la misma forma, la respuesta gubernamental se provea en las mismas condiciones de inmediatez. Fomentar la mensajería electrónica entre contribuyentes e Instituciones dándole validez oficial a este tipo de notificaciones e implementar programas de autorregulación y autogestión ciudadana para la identificación y gestión de sus propios riesgos, mediante la simplificación administrativa y el estrechamiento de los vínculos de confianza entre el contribuyente y el ente gubernamental, bajo el principio de buena fe, a través de la notificación y firma electrónica para las autorizaciones y permisos, pero también para las sanciones y suspensiones de negocios que no cumplan las normas.
Para lograr todo lo mencionado se requiere inversión –Prioridad Número 3–, gasto sustentable e inteligente en recursos humanos, materiales y servicios intangibles (software, hosting); asimismo la creación de mecanismos financieros para la recuperación y reorientación de recursos económicos adicionales a los presupuestados, vía impuestos o pago de derechos mediante prestación de servicios que permitan el autofinanciamiento de los entes reguladores. Flexibilizar la creación de Asociaciones Público-Privadas, Patronatos, Comodatos y donaciones para la adquisición de herramientas, equipamiento y vehículos. Desde luego con transparencia y rendición de cuentas como hilo conductor.
Finalmente, aumentar la preparación y participación de todos en casos de desastre –Prioridad Número 4– implica una vinculación mayor entre instituciones públicas y estas con los sectores privado y social, es decir que ante los indiscriminados efectos de las emergencias y desastres, que no distinguen clases sociales, ni sectores, la capacidad de respuesta de la sociedad sea articulada, definida y organizada, cada quien desde su ámbito, pero con apertura a colaborar entre sí.
De ahí la importancia de impulsar los Comités Ciudadanos de Protección Civil, los Comités Locales de Ayuda Mutua en la Industria y los Grupos Voluntarios, los cuales gozan de un amplio sustento legal, pero tienen muy poco auge en la mayoría de las ciudades. No se olvide que esto también es protección civil y que el espacio más seguro es el que construimos juntos. ¡Feliz inicio de semana!
Hugo Antonio Espinosa
Fue Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca,
Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal.
Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX
