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Sale a la luz nueva información relacionada con la famosa Estafa Maestra, que involucra a funcionarios de primerísimo nivel de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) entre los años 2012 y 2014, en acciones irregulares para enmascarar el desvío millonario de recursos de la comunidad universitaria.

De acuerdo al actual Órgano Interno de Control de la máxima casa de estudios mexiquense, en el periodo de 2014 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) remitió a la entonces Contraloría Universitaria, 46 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), relacionados con la Estafa Maestra.

Sin embargo, ni en ese periodo ni en el siguiente, encabezado por Alfredo Barrera Baca (2017-2021), se tomaron acciones respecto a los expedientes turnados por la ASF.

Ese silencio cómplice permitió que transcurriera y concluyera el plazo (tres años) para fincarles cargos a los altos funcionarios universitarios que coadyuvaron a desviar recursos de dependencias federales, a través de la subcontratación masiva de empresas –muchas fantasmas, otras irregulares, otras desaparecieron– y personas físicas.

Fue hasta el actual periodo de gobierno, que el órgano interno de control universitario a cargo de Victorino Barrios Dávalos, retomó la investigación, llevando a la fecha un análisis con acceso público de 30 expedientes, quedando pendientes 16, con el objetivo de abonar a un clima de transparencia y verdadera rendición de cuentas.

Las irregularidades que dan pie a dichos expedientes corresponden a las cuentas públicas de la UAEMéx de entre los años 2012-2014, principalmente por seis eventos financiados con recursos federales:

1. La Semarnat pagó más de 165 millones de pesos (11 millones extras al monto original previsto en el contrato) a la universidad por supuestos servicios otorgados en la construcción del denominado parque Bicentenario, faenas que en realidad subcontrató a una empresa privada, bajo el argumento de incapacidad técnica para llevarlos a cabo (Exp. 274/2021).

2. Instituciones como el IMSS, el ISSSTE y las entonces secretarías federales de Educación y Desarrollo Social “contrataron” servicios fantasma de la UAEMéx, pese a que ésta última no contaba con la capacidad operativa para la ejecución de los trabajos, por lo que, a su vez, subcontrató empresas privadas, que tampoco solventaron la realización de dichos servicios (Exp. 285/2021).

3. La universidad no llevó cabal seguimiento de la subcontratación de los servicios profesionales de siete personas físicas para cumplir con un convenio realizado con Banobras, por un monto superior al millón de pesos, cuya labor o resultados tampoco se especificaron (Exp. 286/2021).

4. Dependencias federales como Conaculta y Semarnat también subcontrataron indebidamente a empresas particulares, a través de la universidad, por concepto de diversos servicios tecnológicos de digitalización y sitios online por montos superiores a los porcentajes que la ley permite la subcontratación, sin que exista evidencia que justifique el gasto, que fue superior a los 51 millones de pesos (Exp. 289/2021).

5. El Registro Agrario Nacional y la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal “contrataron” servicios de la UAEMéx que, a pesar de pagarse, nunca se ejecutaron. Estos trabajos correspondían a tableros de control y esquemas de datos, de los que no existen soportes o evidencias y para lo que también se subcontrató a dos empresas (Exp. 297/2021).

6. La universidad no observó los procedimientos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento para realizar las compras que supuestamente tuvo con instancias como Sagarpa, de quien recibió más de 483 millones de pesos en pagos sospechosos y poco fiscalizables ante la óptica de la legalidad (Exp. 312/2021).

Además, por increíble que parezca, en ese tiempo se repartieron 33.6 millones de pesos entre 168 empleados de la universidad, bajo el concepto de pago de indemnización de
riesgo psicosocial, concepto que no se encuentra autorizado en el catálogo de conceptos de pago para personal de la UAEMéx. Por este motivo, han sido llamados a declarar 146 servidores públicos universitarios; falta citar a 22.

Pero ahí no quedará la cosa. El actuar de la actual rectoría se ha propuesto indagar hasta las últimas consecuencias y darle certeza a la comunidad académica y estudiantil de que se tiene la voluntad y la legalidad para limpiar la imagen de la UAEMéx ante la comunidad académica de México y el mundo. Así que habrá más información próximamente.