La reciente aprobación de la Reforma Judicial en México representa una oportunidad histórica para transformar el acceso a la justicia en un país donde las instituciones han sido cuestionadas por su transparencia y eficacia, por lo que se presenta como un lienzo en blanco para diseñar un Poder Judicial “desde cero”. Aunque su implementación plantea desafíos considerables, es un paso firme hacia la transformación de un Poder Judicial Federal que debe responder a las exigencias de justicia en un entorno cada vez más complejo y diverso.
Entre sus aspectos más destacados se encuentra el fortalecimiento de la Escuela Nacional de Formación Judicial, que garantizará la profesionalización del personal judicial y administrativo en el Poder Judicial, mejorando su capacidad de respuesta y eficacia; así también, la reforma hace evolucionar al Consejo de la Judicatura como órgano de administración judicial, y crea al Tribunal de Disciplina Judicial, lo que permitirá sancionar a jueces corruptos o ineficaces a través de esta medida clave para restaurar la legitimidad del sistema.
Sin embargo, los claroscuros de la reforma no deben ser ignorados. La concentración de facultades en ciertos órganos judiciales plantea interrogantes sobre el equilibrio de poder dentro del propio sistema. Además, persiste el desafío de hacer realidad los objetivos planteados en un contexto donde las inercias burocráticas y políticas pueden ralentizar o distorsionar la implementación de las nuevas disposiciones.
En este sentido, es fundamental recordar que, como bien lo expresó Alexis de Tocqueville “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”. La Reforma Judicial busca precisamente esto, al proponer la elección popular de ciertas autoridades judiciales, democratizando el sistema judicial y asegurando que los jueces respondan directamente a la ciudadanía. Esto fortalecería la legitimidad del Poder Judicial, haciéndolo más accesible y representativo de las necesidades sociales actuales.
A pesar de las tensiones, la Reforma Judicial ofrece una oportunidad para construir un sistema de justicia más inclusivo, que proteja los derechos humanos y garantice el acceso efectivo a la justicia para todos.
Este momento de la vida pública del país es un llamado a la reflexión colectiva sobre el tipo de Poder Judicial que necesitamos, así como un recordatorio de que toda reforma, por ambiciosa que sea, requiere voluntad política y compromiso ciudadano para materializarse plenamente. La justicia en México no puede seguir siendo un privilegio, debe convertirse en una garantía tangible para todos los ciudadanos.
