Como ya decíamos en la entrega anterior; el neoliberalismo hizo su aparición en la década de los ochenta, impulsando en muchos países la privatización de empresas estatales y en el caso específico de la seguridad social creó los esquemas de cuentas individuales (capitalización individual); asentándose en algunos países de Europa oriental y llegando a Latinoamérica a través de Chile, que fue el primer país que implementó este modelo, tomando como base los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), permeando hacia varios países del continente americano.
La premisa utilizada fue; desde su perspectiva, liberar a los Estados de la carga financiera que representaba el pago de las pensiones de sus trabajadoras y trabajadores y dejar la administración de sus aportaciones en manos de la banca o de instituciones financieras, claro, mediando un cobro por dicho trabajo; dentro de los aspectos medulares de las modificaciones de estas reformas estuvieron el aumento de la edad de jubilación (promedio 60 años), el aumento del porcentaje de aportaciones y el incremento de las semanas de cotización, para acceder a una pensión; entre otros aspectos.
Todas las anteriores reformas flexibilizaron el modelo laboral; lo que dejó en condiciones desfavorables a trabajadoras y trabajadores; ya que redujo a su mínima expresión la protección en la contratación; la permanencia en el empleo; impulsó salarios precarios y fomentó el incumplimiento de los empleadores en su obligación de registrar a sus trabajadores a la seguridad social. Como resultado, las relaciones laborales quedaron regidas por las condiciones que el mercado impuso y con ello; se auspició el incremento rampante del trabajo informal; es decir, aquel en el que se labora sin contrato de trabajo, sin seguridad social, con salarios ínfimos o por cuenta propia.
Dichas decisiones han provocado la entrada y salida de hombres y mujeres del mercado de trabajo formal, lo que afecta la continuidad de sus aportaciones; agravando las condiciones de las trabajadoras, que de por sí ya enfrentan las interrupciones por el ejercicio de la maternidad y las tareas de los cuidados impuestas ancestralmente y sin pago de por medio.
En el último tramo del año 2019 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó un estudio-diagnóstico de los países que privatizaron la administración de sus pensiones, encontrando alarmantes resultados; debido a que los esquemas de cuentas individuales habían fracasado en su objetivo principal, que debe ser: “proveer seguridad de ingresos en la vejez”; evidenciando un bajo desempeño en términos de cobertura, beneficios, costos administrativos, costos de transición e impactos sociales y fiscales.
Aquí en México, a través de las reformas realizadas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1997 y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el año 2007, se impusieron las cuentas individuales; que constituyen sólo un ahorro para acceder a una cuenta vitalicia; de forma tal que, no es un esquema de seguridad social; debido a que no cuenta con los elementos esenciales, como son: el carácter público, solidario, integral y redistributivo.
Como resultado; en los 29 países que implementaron este esquema, tanto europeos como latinoamericanos; los resultados fueron adversos para los trabajadores; ante lo cual, 18 de esos países optaron por revertir tal decisión, bajo la premisa de enderezar su rumbo pensionario.
En Chile y México; ante un potencial estallido social, provocado por las bajas tasas de reemplazo (monto de pensión) y el reducido número de trabajadoras y trabajadores que accederían a los beneficios de una pensión; se han parchado dichos esquemas pensionarios; no obstante, ello no basta para hacer frente a las necesidades actuales y esto está íntimamente ligado al fenómeno de la informalidad y los bajos salarios.
Por hoy se nos agotó el espacio, la próxima semana concluiremos este tema, saludos cordiales.
YA EN EL CORREDOR:
Independientemente de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); como se avizora puede suceder; ya que así lo indica el estatus de la reforma planteada en el ámbito legislativo; es fundamental que se entienda que el tema de fondo, más allá del actuar de ese instituto desde su nacimiento en el año 2013; es la necesidad de crear un nuevo entramado digital que contemple reformas y adiciones constitucionales, la creación de una Ley convergente (telecomunicaciones-radiodifusión-TIC´s; ciencia y tecnología e innovación; entre otros); política pública digital y planes nacionales de infraestructura, conectividad y banda ancha; ese es el requerimiento que demanda el país en el entorno actual.
Luis Escobar Ramos
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