Pertenezco a una generación que, en su mayoría, no se cuestionaba los estereotipos de género ni los derechos de las mujeres. Enamorarse, casarse y tener hijos era visto como el curso natural de la vida, incluso a inicios del siglo XXI. Para las mujeres, el desarrollo profesional se percibía más como una concesión que como un derecho, ya que implicaba equilibrar las responsabilidades familiares con las laborales, como si ambas esferas fueran mutuamente excluyentes. Los hombres también eran vistos como padres, pero a ellos no se les exigía conciliar su vida laboral con la familiar, algo que, en muchos casos, persiste hoy.
Crecí en una generación de mujeres que internalizó la culpa ante la mera posibilidad de abortar, sin importar las circunstancias. Aquellas que decidían interrumpir un embarazo enfrentaban la condena social y el estigma de por vida. Recuerdo a mi abuela paterna, quien falleció tras su noveno parto. A pesar de que los médicos le advirtieron que no debía volver a embarazarse, las normas morales de su época la llevaron a aceptar ese destino, dejando huérfanos a siete hijos. Esta historia, como muchas otras, refleja cómo las expectativas sociales y presiones culturales han moldeado la vida de generaciones de mujeres, forzándolas a sacrificar su salud y bienestar por cumplir con los mandatos sociales.
En los primeros años de este siglo, un amigo mío ofreció a sus hijos adolescentes información completa sobre anticonceptivos, aceptando que podían ejercer su sexualidad antes del matrimonio. Su objetivo era prevenir cualquier debate moral en caso de un embarazo no planificado. Así, cuando su hija quedó embarazada, asumió que continuar con el embarazo era la única opción. Aunque estas decisiones pueden parecer individuales, están profundamente condicionadas por las normas sociales. Las mujeres no toman decisiones en completa libertad; sus elecciones están enmarcadas por una configuración social que impone expectativas y mandatos.
Hasta ahora, un embarazo sigue siendo, en su mayoría, el resultado de la relación entre un hombre y una mujer, pero el impacto y las responsabilidades que conlleva recaen de manera desproporcionada sobre la mujer. No todos los embarazos son deseados o planeados en el momento adecuado: existen embarazos adolescentes, embarazos por fallos anticonceptivos, embarazos que comprometen la salud de la madre, embarazos con malformaciones fetales, o aquellos forzados mediante violencia sexual. Además, hay mujeres que, por razones personales o profesionales, no desean ser madres.
Históricamente, la responsabilidad del embarazo ha recaído casi exclusivamente en las mujeres, desde la concepción hasta el nacimiento. Aunque el acto sexual involucra a dos personas, el peso físico, emocional y social del embarazo ha sido mayormente soportado por la mujer. En situaciones de embarazos no deseados, como los adolescentes o aquellos por fallos anticonceptivos, la carga de decidir si continuar o interrumpir el embarazo recae casi siempre en ella, muchas veces sin el apoyo activo del hombre. En ocasiones, el hombre se desvincula, dejando a la mujer enfrentar sola las consecuencias.
En los casos más extremos, como los embarazos por violación, el rol del hombre se reduce al de agresor, y nuevamente la mujer queda sola frente a un futuro cargado de dolor y decisiones difíciles. Incluso en los embarazos planificados, se espera que la mujer asuma la mayor parte de la responsabilidad en la crianza, mientras que la participación del hombre puede considerarse opcional o secundaria.
A las mujeres se nos educa desde jóvenes sobre cómo prevenir un embarazo no deseado, mientras que el discurso hacia los hombres suele ser más permisivo, centrado en su "libertad" sexual, sin hacer hincapié en la importancia de asumir las consecuencias. La carga de evitar el embarazo recae en nosotras, y aunque existen métodos anticonceptivos masculinos, la mayoría de los disponibles, salvo el condón, imponen una carga hormonal a las mujeres, con efectos secundarios que afectan su salud física y emocional.
Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, no lo hace de manera ligera. No es una decisión trivial ni una simple escapatoria. Tras esa decisión hay un profundo dilema entre la vida y la muerte, incertidumbre sobre los riesgos médicos y una recuperación física y emocional que puede durar mucho tiempo, aun cuando cuente con apoyo. El aborto es una experiencia que conlleva un alto costo emocional, y muchas veces las mujeres deben enfrentarla en silencio y soledad.
La situación se complica cuando la mujer no tiene respaldo. Si su familia no la apoya, si su pareja se desentiende, si no tiene recursos económicos o si el embarazo es producto de una agresión sexual, las barreras son aún mayores. Además del dilema emocional y físico, se suman el rechazo familiar, la indiferencia de la pareja, la falta de acceso a servicios médicos y la impotencia de ver que el agresor queda impune.
Las mujeres que deciden abortar —por embarazos adolescentes, no deseados, peligrosos o no planificados— deben tener una garantía legal plena de sus derechos, no como una concesión del Estado, sino como el reconocimiento de su autonomía y su capacidad de decidir sobre sus cuerpos. Despenalizar el aborto no es suficiente. Ninguna mujer debería sentirse agradecida por no ser encarcelada al tomar una decisión sobre su vida y salud. El aborto debe legalizarse para que se entienda como un tema de salud pública y para garantizar que ninguna mujer, independientemente de su situación económica, tenga que arriesgar su vida en la clandestinidad.
Legalizar el aborto no sólo garantiza el acceso seguro en las instituciones públicas de salud, sino que también asegura que las mujeres reciban el acompañamiento emocional necesario, antes y después de la intervención. Este apoyo es crucial para su bienestar físico y mental, ya que la decisión de abortar nunca es sencilla. Legalizarlo implica que el sistema de salud ofrezca el respaldo necesario para que las mujeres puedan tomar esta decisión con seguridad, sin miedo a la estigmatización ni a las repercusiones legales.
La legalización también permite una mejor regulación médica, reduciendo los riesgos que suelen surgir en entornos clandestinos. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las mujeres, sin importar su situación económica, puedan acceder a un aborto seguro y acompañado, sin poner en peligro su salud. Al final, se trata de reconocer plenamente el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, y no de conceder permisos limitados.
De manera paralela, es imprescindible un cambio de paradigma que responsabilice a los hombres en el ejercicio de su sexualidad. Este nuevo enfoque debe incluir su participación activa en la prevención de embarazos no deseados, el respeto a las decisiones de las mujeres y la erradicación de toda forma de agresión sexual. Los hombres no pueden ser espectadores pasivos o figuras marginales en estas cuestiones. Deben asumir su parte de la responsabilidad en la planificación familiar y en la construcción de relaciones basadas en el consentimiento y la igualdad.
Este cambio requiere replantear la educación de los hombres desde temprana edad, inculcando una visión equilibrada de la sexualidad que no esté centrada en el privilegio, sino en la responsabilidad compartida. Es fundamental que se les enseñe a respetar las decisiones reproductivas de las mujeres y a asumir un papel activo en la prevención de embarazos no deseados, para que el peso de esa responsabilidad no recaiga exclusivamente en ellas. Además, la no agresión sexual debe ser un principio incuestionable. Los hombres deben comprender que cualquier acto sexual sin consentimiento es una violación de los derechos humanos, y es su responsabilidad, como individuos y como miembros de la sociedad, prevenir y condenar esos actos. Sólo con un enfoque integral que incluya a ambos géneros en la responsabilidad sexual avanzaremos hacia una sociedad más justa.
P.D. A nivel internacional, Francia es el único país que ha elevado el derecho al aborto al rango constitucional, reconociéndolo plenamente como un derecho fundamental para las mujeres. Esto establece una protección legal más sólida y garantiza que no pueda ser fácilmente revertido. La constitucionalización del aborto en Francia destaca como un ejemplo de cómo los derechos reproductivos pueden ser protegidos de manera definitiva y refleja un modelo a seguir para otras naciones.
La Ciudad de México fue pionera en la legalización del aborto en 2007, sentando un precedente en el país. En los años posteriores, otras entidades se han sumado de manera progresiva. En 2019, Oaxaca despenalizó el aborto, y en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución histórica que invalidó la penalización del aborto en todo México, sentando un precedente judicial que aceleró su despenalización en otras regiones. Ese mismo año, Veracruz y Colima legalizaron el procedimiento, y en 2022 se sumaron estados como Guerrero y Aguascalientes. Posteriormente, Hidalgo, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y, recientemente, Jalisco han seguido el camino de la despenalización. El Estado de México debe asumir el reto de la legalización del aborto.
