Despenalizar el aborto ha sido una lucha constante por la emancipación del cuerpo femenino, en el cual, solo la que lo habita puede decidir. Hace unos días una niña de catorce años fue acusada de asesinato por tener un aborto espontáneo, producto de una violación.
La Fiscalía General de Querétaro determinó, según su peritaje, que el bebé había nacido y respirado y después lo mataron por asfixia. Por ello, determinaron arrestar a la menor, llevarla a juicio, encerrarla por tres años y obligarla a pagar a su “violador” una suma de 518 mil pesos por agravio, al haber intentado el aborto.
Se encendieron las alarmas y organizaciones civiles apoyaron en todo momento a la adolescente, una de ellas, el Colectivo Adax Digitales, acusó a la fiscalía de manipular el peritaje, pues al parecer no es la primera vez que la Fiscalía maneja el peritaje a conveniencia.
Había otro caso, el de Dafne, sentenciada a 16 años de cárcel por haber abortado espontáneamente en una tienda de Liverpool. Ella fue encerrada tres años, en los cuales se le trató como una criminal y se cuestionó si había asfixiado a su bebé o no.
Las Libres, otra asociación de mujeres, denunció que esta práctica se basa en un método antiguo que era poner los pulmones del feto en una cubeta para ver si flotan, o no flotan, y supuestamente con eso determinar si respiró o no antes de morir.
Este peritaje amañanado, denuncian las organizaciones, ha permitido que las ideas conservadoras prevalezcan y que las mujeres sean criminalizadas por su derecho a decidir, pues en una coincidencia malévola, gobiernos de Guerrero, Yucatán, Guanajuato y Querétaro han usado ese argumento para negarse a despenalizar el aborto y a gobernar con perspectiva de género.
En Querétaro, la Fiscalía no solo tiene el problema de desconocer los derechos de esta jovencita. Ha eludido su responsabilidad para esclarecer las desapariciones y las familias no han encontrado respuesta a su búsqueda.
En esta ocasión, las organizaciones civiles se han hecho escuchar ante la Presidencia y la Fiscalía se ha retractado de la acción contra la adolescente. Incluso se ha pedido a la Secretaría de las Mujeres que se haga cargo del caso y se revise la situación.
Pareciera que ¿hay un final feliz, no? Pues no. Esta adolescente fue violada por un familiar y esa carpeta no se ha revisado. El presunto violador negó los hechos, aunque en una prueba de paternidad salió que él era el padre; sin embargo, fue exonerado e incluso se dejó atrás la investigación de los hechos, porque la Fiscalía se centró en acusar a Esmeralda con una perspectiva conservadora.
En resumen, respetar y dignificar los derechos humanos no es algo que esté pasando ahora, en este siglo, con mucho discurso de inclusión, pero cero justicia. La Fiscalía pasó sobre los derechos de una jovencita a sabiendas de que se estaba fabricando un delito y, como en todos los casos, solo con un “usted disculpe” quieren dejarlo atrás.
Sin embargo, Esmeralda es uno de los millones de casos donde las mujeres son violentadas en casa y revictimizadas por el sistema. A ciencia cierta, no se sabe cuántas mujeres están encarceladas por estas leyes lejanas a la perspectiva de género.
En ese mismo Estado, a mí me tocó vivir de cerca la injusticia, cuando después de que una de mis sobrinas denunció que fue abusada por un familiar, la fiscalía solo pidió que el agresor le diera una indemnización. Me pregunto, cuánto cuesta para las autoridades de Querétaro el daño físico y emocional de una jovencita. Cabe mencionar que en un inicio solo le habían ofrecido que se le pagarán 15 terapias psicológicas.
