La tragedia de los niños que esperan ser adoptados en el Estado de México no está en su abandono, sino en la indiferencia del sistema que debería velar por su bienestar. Desde que la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fue modificada en 2015, para centralizar todo el proceso en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), se debió haber hecho un esfuerzo por mejorar la adopción, pero en lugar de eso se ha convertido en un atolladero burocrático.
La reforma debió ser, o al menos eso se nos hizo pensar, que al concentrar el poder en una sola institución, el proceso sería más ágil y eficiente. Pero nada más lejano de la realidad. Según Gilberto Rocha, presidente del patronato de la Casa de Asistencia IAP, la nueva estructura ha hecho que los expedientes de los niños y adolescentes queden atorados, no se mueven. Los niños que deberían estar siendo entregados a nuevas familias se quedan encarcelados en albergues, y no porque falten quienes estén dispuestos a adoptarlos, sino porque el DIFEM, no se ocupa de hacer lo posible por ponerle verdaderamente atención a esos casos.
Los trabajadores del DIFEM justifican, como siempre, con el argumento de la “complejidad de los casos”. Un argumento tan ambiguo como inútil. ¿Qué significa realmente que un caso sea “complejo”? Es difícil no pensar que lo complejo aquí es mover los expedientes, lidiar con un sistema saturado de papeleo y lleno de intereses personales. ¿Por qué, en este supuesto “proceso de simplificación”, el DIFEM no se ha tomado la molestia de mejorar su eficiencia o, al menos, de motivar a su personal a hacer el trabajo que les corresponde?
Más allá de la burocracia, está la otra cara del problema: la corrupción. Rocha denuncia, y es vox populi, que existe una red de complicidades entre autoridades que frena todo avance. Los casos de adopción se detienen cuando los expedientes caen en manos de aquellos más interesados en recibir algo a cambio que en velar por el destino de los menores.
Y, por supuesto, el DIFEM tendría que hacer más. En lugar de exigir que los ministerios públicos se comporten con ética y profesionalismo, el sistema se limita a mirar hacia otro lado, dejando a los niños sin futuro, como si fueran simples números en un archivo.
El panorama es tan desolador que los datos actuales sobre adopciones son poco más que una caricatura. La caída en las adopciones es un reflejo directo de la centralización del poder en un organismo que ha demostrado no tener la capacidad de llevar el proceso con la seriedad que merece. Pero lo más grave no es la caída de las cifras, sino la invisibilidad de los niños: algunos ni siquiera tienen acta de nacimiento, no existen oficialmente, y el DIFEM ni siquiera sabe dónde están. Y mientras tanto, la sociedad sigue sin darles la importancia que merecen, como si este fracaso institucional fuera algo ajeno a todos.
Pero lo peor de todo es la actitud de las autoridades que deberían estar liderando este cambio. La gobernadora Delfina Gómez, quien asegura que su gobierno trabaja para el bienestar de la niñez, ha preferido eludir el tema. En sus redes sociales, la mandataria habla de un “futuro próspero”, pero no dice nada sobre el presente de los miles de niños que están atrapados en el limbo de un sistema ineficaz. Mientras las denuncias de ineficiencia y corrupción continúan, ella se limita a publicar mensajes vacíos sobre un “compromiso con la niñez”. ¿Dónde está ese compromiso cuando las instituciones encargadas de proteger a los menores están completamente desbordadas?
Ya basta de discursos y promesas. Si el gobierno de Delfina Gómez realmente quisiera cumplir con su responsabilidad, debería empezar por escuchar las críticas de expertos como Rocha, que exigen reformas urgentes. La centralización de la adopción ha sido un error garrafal, y la gobernadora tiene la obligación de revisar este modelo que solo ha producido resultados desastrosos. La adopción no debería ser un proceso que se demore hasta que los niños cumplan 18 años y, finalmente, sean “liberados” al desamparo.
El Estado de México necesita una reforma profunda, no solo en su legislación, sino también en su estructura institucional. La voluntad política debe acompañarse de acciones concretas que pongan a los niños y adolescentes en el centro de la atención y de la agenda. Ya no pueden ignorar su falta de atención. El sistema no puede fallar ni ayer, ni hoy ni mañana, y solo con un cambio radical podremos garantizar que los niños del Estado de México tengan un futuro digno, con una familia que los proteja, realmente que los proteja.
