Gran desaseo reportan aspirantes a la rectoría de la UAEMéx en el proceso de registro, en aras de favorecer a la ex Secretaria de Administración de la rectoría, Eréndira Fierro Moreno.
Ya desde hace unas semanas se hizo pública una carta enviada a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que amplios sectores de la comunidad universitaria expresaban su inconformidad por el manoseo en la selección de candidatos.
Este jueves 6 de marzo, fecha del registro, fue evidente la cargada oficial y el rechazo para otros aspirantes, quienes ante los medios de comunicación dejaron ver su molestia por el trato injusto y fuera del marco normativo por parte de la Comisión Especial Electoral.
Se registraron nueve aspirantes:
- Laura Benhumea González, ex directora de la FCPyS.
- Eréndira Fierro Moreno, ex secretaria de Administración.
- María Dolores Furán García, investigadora de la Facultad de Ingeniería.
- María José Bernáldez Aguilar, ex directora de la Facultad de Derecho.
- Maricruz Moreno Zagal, catedrática de la Facultad de Turismo.
- Patricia Zarza Delgado, ex secretaria de Investigación.
- Carlos Genaro Vega Vargas, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración.
- Alberto Saladino García, catedrático e investigador de la Facultad de Humanidades.
- Ramón Gutiérrez Martínez, ex director de la Facultad de Arquitectura.
Por la noche se informó que ninguno de los aspirantes masculinos había logrado el registro, al igual que la ex directora de Ciencias Políticas.
Las únicas que avanzaron son: Eréndira Fierro, María José Bernáldez, Maricruz Moreno, Dolores Durán y Patricia Zarza.
No tardan mucho en anunciar la candidatura de unidad a favor de Fierro.
Las impugnaciones ya se preparan.
En diálogo directo con los rechazados, coinciden en que se pretende imponer la candidatura única de la ex Secretaria de Administración de la Universidad, quien, incluso, incurrió en actos anticipados de campaña.
También denunciaron inconsistencias en la Dirección de Recursos Humanos de la UAEMéx, pues se han otorgado plazas y aumentos de sueldo a cercanos de Eréndira Fierro, como parte de la estrategia electoral.
Asimismo, revelan que la Dirección de Control y Evaluación de la Gestión es una dependencia que se ha utilizado como “brazo ejecutor” de sanciones infundadas en contra de quienes manifiesten temas incomodos para la Rectoría.
Ante dicho escenario, los quejosos piden que el Poder Legislativo estatal designe una comisión observadora que vele por legalidad, transparencia e imparcialidad del proceso.
Porque independientemente de la grilla natural, es necesario asegurar los derechos de la comunidad universitaria, así como ampliar la representación en estos procesos trascendentales para garantizar la democracia.
