El pasado septiembre de 2024, se promulgó una reforma constitucional que modificó la impartición de justicia en México y la estructura del Poder Judicial de la Federación. Conocida como la Reforma al Poder Judicial, esta transformación promete hacer el proceso judicial más eficiente y alinearlo con la voluntad popular, nosotros podemos elegir a las personas que imparten justicia en México.
Si bien su objetivo es combatir la corrupción y el nepotismo, garantizando mayor transparencia e imparcialidad, la reforma ha generado preocupación, críticas y un intenso debate. Para entender mejor sus implicaciones y poder participar de manera consciente e informada en las próximas elecciones, es fundamental analizar sus principales cambios.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
La reforma al Poder Judicial modifica la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar, se elimina la facultad del Senado para designar a las y los Ministros de la SCJN, limitando su papel a aprobar o rechazar las licencias o renuncias de los funcionarios judiciales.
En cuanto a la reestructuración interna, se reduce el número de Ministras y Ministros de 11 a 9, eliminando las Salas y, por consecuencia, concentrando todas las decisiones en Pleno. Esta medida implica que la Corte podrá tomar decisiones con una menor cantidad de votos, reduciendo tiempos en la emisión de sentencias.
Sus integrantes tendrán un mandato de 12 años sin posibilidad de reelección, lo que busca fortalecer la estabilidad del órgano. Adicionalmente, se establece que la presidencia de la SCJN será renovada cada dos años a través de una votación entre sus propios miembros.
Elección por voto de personas juzgadoras.
Las juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como las magistradas y magistrados de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral, y las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán electos mediante elección popular directa. Las magistraturas de Circuito y juzgadores de Distrito tendrán un periodo de 9 años, con posibilidad de reelección en su circuito.
Asimismo, se implementa la elección popular de personas juzgadoras en todos los Estados con una renovación parcial en 2025 y la totalidad de sus miembros para la elección prevista en 2027; todas las personas juzgadoras del país se elegirán por votación popular.
Tribunal de Disciplina Judicial
Se crea un nuevo órgano encargado de la verificación de los procesos del Poder Judicial con el fin de hacerlo más eficiente y transparente: el Tribunal de Disciplina Judicial. Este órgano asumirá la responsabilidad de supervisar la conducta del personal judicial y garantizará el mantenimiento de la integridad y la ética en todo momento. El Tribunal de Disciplina es un órgano que se integrará en todos los poderes judiciales del país con el objeto de vigilar la conducta, ética y evitar la corrupción principalmente en las personas juzgadoras.
Plazos
Se establecen plazos de seis meses para la resolución de juicios en juzgados y tribunales federales, pero únicamente en los casos que cumplan con los requisitos y cuantías señaladas en la ley. Si no se resuelven dentro del plazo establecido, los responsables deberán justificar el retraso ante el Tribunal de Disciplina Judicial o el Órgano Interno de Control.
Juicio Político y Amparo
Dicha reforma extiende el alcance del juicio político, permitiendo que también se pueda aplicar a funcionarios de las entidades federativas. Además, introduce modificaciones en el procedimiento de amparo, incorporando nuevos enfoques para impugnar la inconstitucionalidad de normas generales.
Conclusión
La implementación de este nuevo sistema judicial busca acercar la justicia a las personas eliminando las barreras que la han hecho inaccesible; ya sean con tecnicismos legales, el uso de lenguaje complicado o con la presencia de juzgadores desconectados de la realidad social.
Todos estos cambios marcan el inicio de una etapa sin precedentes en el sistema judicial y abren camino a un nuevo modelo en la impartición de justicia. No obstante, también traen desafíos que no podemos ignorar. Como mexicanas y mexicanos, nos corresponde mantenernos informados para poder garantizar que este nuevo sistema sea más transparente, eficiente y, sobre todo, justo para todas, todos y todes.
