La desconfianza del pueblo mexicano en el sistema judicial es una de las principales preocupaciones actuales. La credibilidad de los tribunales se ha visto gravemente afectada por escándalos de corrupción, nepotismo, impunidad y burocracia. Los altos costos, el soborno de personas juzgadoras, la falta de asistencia legal y la ausencia de rendición de cuentas han gravemente afectado, a lo largo de los años, el Estado de Derecho en México.
Tan solo el 39% de la población confía en su personas juzgadoras, mientras que el 66% considera que la corrupción es una práctica común en el Poder Judicial. Estas cifras reflejan una crisis que exige un cambio urgente y contundente.
Restablecer la confianza en el sistema de impartición de justicia requiere transparencia, compromiso y acciones concretas en beneficio del pueblo mexicano. Para lograrlo, es fundamental garantizar que la justicia sea accesible para todas y todos, sin distinción de condición social o económica. La justicia no debe ser un privilegio. Es un derecho.
La accesibilidad debe comenzar con defensorías públicas y eficaces, que brinden asesoría legal gratuita y de calidad a quienes no pueden pagarla. Además, la digitalización del sistema judicial permitiría agilizar trámites y facilitar el acceso a los procesos legales, eliminando barreras burocráticas y geográficas.
Tenemos que hacer llegar la justicia a todos los rincones del país con acciones positivos y una clara renovación del Poder Judicial a través de esta reforma que nos permitirá elegir a las personas juzgadoras en todos los niveles el próximo 1 de junio.
Es igualmente prioritario proteger a los grupos vulnerables que han sido histórica y sistemáticamente marginados. Mediante programas de educación legal y derechos humanos, podemos empoderar a estas comunidades vulnerables, asegurando que conozcan sus derechos y las herramientas para hacerlos valer frente a los tribunales.
Por otro lado, la transparencia en la impartición de justicia es indispensable para generar confianza. Es necesario fortalecer la capacitación y supervisión de las personas juzgadoras, garantizando así su imparcialidad, pero también debemos permitir que los ciudadanos verifiquen que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera correcta.
Esto se puede lograr a través de la publicación de sentencias, el uso de plataformas de seguimiento judicial y, sobre todo, con la participación ciudadana activa en el ámbito social y legislativo para exigir cambios y mejoras en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. La ciudadanía debe evaluar la función judicial.
Llevar la justicia "a la calle" no implica pretender transformarla con meros discursos, sino con acciones que la hagan más comprensible, accesible y transparente. Solo así podremos demostrar que el sistema judicial es una herramienta efectiva cuyo deber es proteger los intereses de todas las personas sin distinción alguna y garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos.
