El acceso a la justicia no debería ser un privilegio, sino una garantía real para todas las personas en México. El Estado, junto con sus instituciones y funcionarios, tiene la obligación de asegurar que todo mexicano pueda ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, sin exclusiones ni obstáculos. Esta igualdad no es únicamente un ideal abstracto, sino un mandato constitucional.
El artículo 1° de nuestra Constitución lo expresa con claridad: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
No obstante, la realidad está bastante alejada de este principio. En la práctica, factores como la pobreza, el género, la edad, el nivel educativo, la orientación sexual, el color de piel o el idioma continúan siendo barreras que marginan a millones de mexicanos del sistema de justicia. Hoy en día, acceder a una justicia pronta y efectiva sigue siendo un privilegio reservado a quienes poseen poder económico o influencia política. Ante esta desigualdad, la balanza de la justicia, lejos de mantenerse firme, se inclina con frecuencia hacia un solo lado.
Arturo Piñeiro, en su informe “Acceso Desigual a la Justicia: Un Freno para la Economía y el Bienestar”, señala que aproximadamente el 70 % de las personas reclusas en México son jóvenes de escasos recursos, con apenas la educación básica (cuando mucho), y que han sido condenados o están en espera de sentencia por delitos relacionados con el robo. En sus palabras: “La mayoría de los reclusos no son delincuentes peligrosos, sino jóvenes con bajos recursos.”
Estas cifras no son casualidad. Reflejan una marginación estructural que profundiza la desigualdad. Hablan de un sistema de justicia que no solo falla en proteger, sino que también castiga con mayor severidad a quienes menos tienen.
Es evidente que, en la actualidad, la justicia en México no es pareja para todos. Factores sociales, económicos y culturales siguen determinando quién puede tener un juicio justo y quién logra ser escuchado por las autoridades. Para concretar la igualdad que promete la Constitución, es necesario que todos los mexicanos conozcan sus derechos y puedan ejercerlos sin obstáculos. Se requiere un sistema con ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros capacitados en derechos humanos, sin prejuicios y con verdadera conciencia de la vida que lleva la mayoría del pueblo mexicano. Necesitamos jueces firmes y valientes, que no les tiemble la mano ante la injusticia.
Solo así podríamos decir que, en México, la balanza de la justicia no tiembla. Sin excepciones ni privilegios
