La impartición de justicia en México entró en una fase de transformación desde el año pasado y sus efectos aún no se perciben; sin embargo, en el caso del Estado de México, los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y -especialmente- Judicial, han mantenido una relación armónica y de colaboración, con el objetivo de garantizar una justicia pronta, completa e imparcial.
El pasado fin de semana, se conmemoraron los 200 años de vida del Poder Judicial mexiquense y la sesión y ceremonia solemne que encabezaron la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el magistrado presidente Fernando Díaz Juárez, fue la oportunidad para comprender hacia dónde camina ese poder.
Gómez Álvarez aseguró que ante la reforma sustantiva que viven los poderes judiciales de la federación y del Estado de México, que permitirá elegir democráticamente a juzgadoras y juzgadores, “el talento, la capacidad, la experiencia y el profesionalismo de las abogadas y abogados mexiquenses, son la mejor garantía de que este cambio llegará a buen puerto”.
El titular del Poder Judicial afirmó que “en unidad para servir” se transforma la mística de servicio del Poder Judicial “poniendo en el centro de nuestra actuación a las personas, porque su dignidad es el núcleo de los Derechos Humanos y estos, el fin último de la democracia”, y añadió que se busca “que la acción del Poder Judicial se convierta en factor determinante para la reconstrucción del tejido social y abone al fortalecimiento de la paz y la seguridad”.
Destacó la necesidad de enfrentar los desafíos que impone el contexto actual, planteando una evolución que permita recuperar la legitimidad ante la ciudadanía y asegurar que el derecho a la justicia sea una realidad para todas las personas. “Nos corresponde decidir cómo queremos ser recordados en los próximos cien años”, afirmó.
Fernando Díaz tuvo su primer gran actividad oficial con la mandataria. Durante la entrega de la Presea “Poder Judicial del Estado de México” 2025 resaltó que la institución se ha convertido en un pilar fundamental para la armonía social en la entidad. Desde su instalación el 28 de marzo de 1825, el Tribunal Superior de Justicia ha construido su prestigio sobre un compromiso de vida: hacer de la justicia el fundamento de la cohesión social y proyectar al Estado de México como una entidad clave en el pacto federal.
Díaz Juárez llamó a mantener el espíritu de unidad y servicio que ha distinguido al Poder Judicial. Señaló que la prevalencia de la ley es esencial para alcanzar los ideales de libertad, igualdad y bienestar colectivo. En ese encuentro reconoció el liderazgo de la gobernadora y destacó su cercanía y compromiso con la transformación social.
Subrayó la firma de la Declaratoria de Justicia Abierta, una acción clave para promover el acceso ciudadano a la información y fortalecer la participación social en la toma de decisiones judiciales.
Entre los galardonados, Inés González Nicolás recibió la Presea al Mérito en Derecho Laboral “Tomás Salgado”; Virginia Dávila Limón Presea al Mérito en Derecho Constitucional “José Domingo Rus”; José Colón Morán con la Presea al Mérito en la Virtud Judicativa “Jacobo de Villaurrutia López y Osorio”; José Castillo Ambriz al Mérito en Derecho Administrativo “Manuel Campos y Rivas”; Fabiola Catalina Aparicio Perales al Mérito en Defensa de los Derechos Humanos “Juan José Flores Alatorre”; y David Velázquez Vargas al Mérito en Derecho Familiar “Francisco Nava”.
Elvira Diaz Salgado fue distinguida con la Presea al Mérito en Derecho Penal “Ignacio Alva”; Perla Palacios Navarro al Mérito en Derecho Mercantil “Rita Raquel Salgado Tenorio”; Sara Deyanira Pérez Olivares al Mérito en Justicia Restaurativa “María Guadalupe Alcalá González” y Tobías Serrano Gutiérrez al Mérito en Derecho Civil “Albertina Ezeta Uribe”.
Como parte de la celebración, se inauguró la exposición “200 Años de Historia” en el patio Bicentenario del Palacio de Justicia, exhibiendo documentos históricos como el primer libro de actas que marcó el inicio de sus labores en 1825.
Sin duda, Díaz Juárez ha sabido llevar una buena relación con otros dos poderes del Estado, sobre todo con el Ejecutivo, lo que es importante para sacar adelante la difícil elección judicial.