En los últimos días, el Operativo Enjambre ha sacudido el Estado de México con nuevas detenciones de funcionarios y exfuncionarios que han puesto en evidencia la infiltración del crimen organizado en la política local.
Este operativo, encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional, ha resultado en la captura de 6 personas más, dos síndicos municipales -de Aculco, José Humberto, y San José del Rincón Alicia “N”- exservidores municipales presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
Entre los detenidos se encuentran Ari Patrick “N”, expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras y su hermano Baltazar “N”, y José Humberto “N”, quienes, al parecer, están relacionados con la Familia Michoacana y, entre otras cosas, los acusan de acaparar maíz y obligar a los tortilleros del sur mexiquense a comprarle el grano al precio que él quiera.
Pues al parecer hay pruebas contundentes de que acaparaba el maíz. Apenas ayer encontraron en Toluca, cuantiosas riquezas de este exfuncionario, entre ellas, destaca una bodega con más de 100 toneladas de maíz, así como un camión que se ha identificado como uno de los extorsionadores de tortillerías en Tenancingo y Malinalco.
También una lujosa casa y seis automóviles, entre ellos varios de lujo, todos con placas de circulación de Guerrero y Michoacán. Pero también localizaron estupefacientes, armas y dinero en efectivo. Pues los hermanos Ari Patrick y Baltazar ya duermen en prisión y la Fiscalía anunció que sus bienes serán vendidos y lo recaudado para el pueblo.
Estas detenciones reflejan la profundidad del problema: la corrupción no solo afecta la administración pública, sino que también facilita la expansión de grupos criminales como La Familia Michoacana, con quien se relaciona a los detenidos.
Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente este operativo para erradicar la corrupción y el crimen organizado en el Estado de México? La respuesta no es sencilla. Si bien estas acciones envían un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada, el verdadero desafío radica en garantizar que estos esfuerzos sean sostenidos en el tiempo y que las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia no sean permeadas por los mismos intereses que buscan combatir.
El Operativo Enjambre es un paso en la dirección correcta, pero la lucha contra la corrupción y el crimen organizado requiere un compromiso constante. La ciudadanía también juega un papel clave: la denuncia y la exigencia de transparencia son fundamentales para evitar que estos problemas vuelvan a arraigarse en el sistema político y social del país.
¿Qué opinan? ¿Creen que este operativo marcará un antes y un después en la lucha contra la impunidad en el Estado de México?
Nos leemos la próxima semana
