El video circuló por todas las redes sociales, apareció en los noticieros y se volvió tema en cada conversación. “Carlota”, una mujer de 76 años, se convirtió en tendencia nacional por un acto desesperado: defender su casa de unos paracaidistas que aseguraban haberla rentado por internet. Al principio, muchos pensaron que había perdido la razón, que había atacado solo por una confusión. Pero el tiempo reveló otra historia: la del despojo como práctica sistemática.
Según datos del medio digital SinEmbargo, en 2024 se registraron 4,936 casos de despojo en el Estado de México. Son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y representan un récord de los últimos cinco años: 13.5 despojos diarios. Una docena al día. El dato es escalofriante, pero tristemente lógico. Cuando la delincuencia organizada toma control, todo se vuelve negocio: las drogas, los negocios, las tierras... y las casas.
Durante años, las comunidades indígenas fueron desplazadas sin que el país se escandalizara. Se lamentaba, sí, pero nadie alzaba la voz. Ahora que el despojo alcanza las periferias urbanas, los barrios populares, empezamos a notar que la mancha también nos alcanza. Y entonces sí, nos asustamos.
El despojo no es nuevo. Lo han ejecutado caciques, políticos, grupos armados, prestanombres, migrantes, sindicatos “populares”, todos amparados por una estructura de poder económico, político o social. Lo preocupante es que ahora también se legaliza: basta con un notario corrupto, un papel falso y la indiferencia de la autoridad.
Carlota hizo lo que cualquier ciudadana haría: acudió a las autoridades. Pero su denuncia quedó archivada, como tantas otras. En 2020, la Fiscalía mexiquense creó la Unidad Especial para la Investigación de Delitos contra el Desarrollo Urbano y Despojo, debido al aumento de casos en Ecatepec. ¿Resultados? Ninguno. Ecatepec sigue encabezando la lista, seguido de municipios como Tecámac, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Toluca, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan.
Nos vigilan. Saben si vivimos en la casa, si está sola, si viajamos con frecuencia. Solo hace falta un descuido para que alguien más la ocupe. Y cuando eso ocurre, las víctimas somos quienes debemos probar que la propiedad es nuestra, mientras los invasores se amparan en trámites turbios.
Carlota actuó desde la desesperación. Y si ella hubiese muerto en el intento, hoy sería solo una estadística más. Pero sobrevivió. Y con eso, nos recordó algo esencial: esto es una guerra por lo poco que aún nos pertenece.
Ella es hoy símbolo de algo más grande que una disputa por un inmueble. Es el rostro de una ciudadanía despojada, no solo de su patrimonio, sino de su fe en las instituciones.
Aunque el gobierno intente cambiar el estado de las cosas, la corrupción no lo permite, mientras la ley proteja a quienes invaden, legalizan y comercian con lo ajeno.
No justifico que le haya quitado la vida a dos personas; más bien, es un llamado urgente a las autoridades a tomar en serio el tema, para que no llenemos el Estado de más personas que hagan justicia por sus propias manos.
