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La lucha por evitar las elecciones judiciales ha sido larga. Por más que se ha argumentado de diferentes maneras el riesgo que implica elegir al Poder Judicial a través del voto popular, no se hizo caso. Simplemente, la reforma judicial caminó dando empellones a cualquiera que intentara frenar su camino.
En las redes y en la televisión, los posibles candidatos comenzaron a hacer campaña. Muchas de ellas se han convertido en una broma, en un show mediático que puede causarnos risa, como la magistrada Yolanda Otero, que aparece en diversas redes con vestido pegado y su gato al lado, además de compartir mensajes dando consejos legislativos que tienen faltas de ortografía. O la otra candidata que se pone la camiseta de la Selección Mexicana para lograr la simpatía de la gente.
Sin embargo, lo que verdaderamente dará pena será nuestro sistema judicial, que se convertirá en un desfile de personas que quieren obtener el cargo para favorecer sus propios intereses.
No dudo de las buenas intenciones de algunos candidatos, pero algunos de los que están en boleta son personajes que tienen nexos con el crimen organizado o han sido investigados por portar armas o drogas.
Organizaciones civiles han señalado que no se ha hecho el escrutinio necesario para verificar que se respeten los requisitos de las elecciones judiciales, pero como dije, esta reforma y sus elecciones avanzan sin importar quién esté de acuerdo.
Para colmo, entre los candidatos figura Fernando Escamilla Villarreal, conocido por ser el abogado de Los Zetas: está en las boletas. Imaginen a un personaje como ese tener el poder necesario para cambiar la ley o dar resolución en casos criminales.
De acuerdo con la opinión de la organización México Evalúa, es “altamente probable que, mediante la violencia, el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales, sobre todo en el ámbito local. Esto supondría la anulación del último dique de contención ante los abusos del poder delincuencial y la consolidación del régimen criminal”.
Es obvio que los abogados pagados por el crimen buscarían esta oportunidad para acomodar sus negocios, extorsiones y territorio a donde ellos quieran.
Y no es solo eso, también está el costo económico. En medio de una crisis económica se está gastando más de lo que tenemos. Tomando en cuenta que de lo que más adolecemos es de infraestructura educativa e insumos médicos, ¿por qué gastar en campañas que no son necesarias?
Concuerdo con lo que establece Cristina Ruiz Sandoval, dirigente del PRI estatal, la cual advierte que es un despilfarro sin sentido, pues se gastarán 941.3 millones de pesos, dinero que —asegura— podría servir para construir dos hospitales de alta especialidad, entre 18 y 20 escuelas o 940 patrullas.
En un país como el nuestro, donde la fe en la justicia está a la baja, no hay nada más desalentador que observar que el Estado de derecho está en riesgo.
Se confía en que la ciudadanía pueda dilucidar entre los candidatos que son los más idóneos y que pueda luchar contra la compra de votos, la cual siempre será un chantaje que predomina.
De por sí, siempre gana quien más tiene, ya sean palancas o dinero. La justicia podría volverse un recurso manipulable, accesible solo a quien tenga conexiones con los jueces adecuados.
Es difícil competir contra el aplauso fácil. Hoy basta con likes o vistas para conseguir poder, aunque sea para burlarse del candidato. Lo que antes fue un dique contra el crimen, pronto será un canal por donde solo ellos decidan el rumbo de la justicia.