Una de las expresiones más claras del respeto a los derechos humanos se manifiesta en el compromiso firme y sostenido con una gobernanza adecuada de las instituciones públicas, lo que se traduce en una obligación jurídica y ética derivada del derecho que tiene toda persona a que los asuntos públicos sean dirigidos con alto sentido de responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad. No basta con la buena voluntad o el entusiasmo político; es necesario garantizar que cada decisión y cada acción esté anclada en una estructura de trabajo sólida, organizada y capaz de responder efectivamente a las necesidades sociales.
Toda institución —incluidos los poderes públicos y órganos constitucionales autónomos— debe ejercer sus funciones con extremo cuidado y previsión. Esto solo es posible si las personas tienen la certeza de que quienes toman las decisiones actúan no solo con honestidad, sino con inteligencia estratégica, con capacidad de gestión y con total vocación de servicio. Ejercer sin planeación no solo es ineficiente, sino contrario al deber de diligencia que tienen las autoridades frente a la ciudadanía.
En ese sentido, el desarrollo institucional no puede ser improvisado. Requiere orden, metodología y una estructura de operación coherente. Las funciones sustantivas de cada organismo deben realizarse bajo un plan de acción quirúrgicamente diseñado para asegurar la eficiencia y eficacia en la gestión pública. No puede avanzarse si no existe una armonización clara entre el marco normativo aplicable, el presupuesto disponible, los procesos internos y los objetivos institucionales. Esta coordinación es la que permite que las instituciones sean verdaderamente útiles a la sociedad.
La ciudadanía tiene derecho a una gestión pública con rumbo, guiada por la planificación, la previsión y la coherencia en la acción. Las instituciones deben actuar con base en evidencias, siguiendo hojas de ruta claras y enfocadas a decisiones con resultados concretos; cada paso encaminado a un propósito definido y alineado al bienestar colectivo. En este contexto, el presupuesto público funciona como una herramienta estratégica que transforma los recursos en soluciones reales. Esta forma de dirigir garantiza un ejercicio institucional eficaz, transparente y con profundo sentido social.
Por ello, liderar una institución pública es un acto de responsabilidad mayor, un deber tangible que impacta directamente en la vida de las personas. Por ello, los conocimientos técnicos en materia administrativa, normativa y presupuestaria —así como la sensibilidad humana—, alineados a un modelo de gestión basado en resultados, son indispensables para que las normas se conviertan en verdaderas herramientas para cumplir con las funciones sustantivas de cualquier organismo.
En suma, el derecho que tiene toda persona a ser gobernada con justicia, eficacia y responsabilidad exige un replanteamiento profundo de cómo se concibe la función pública. Hablar de derechos humanos no solo significa hablar de libertades individuales o protección frente al abuso, sino también de eficiencia institucional y profesionalismo público. Porque cuando los sistemas públicos funcionan, cuando hay orden y rumbo institucional y, sobre todo, cuando los servicios responden de forma oportuna a las necesidades de las personas, la confianza ciudadana crece y la democracia se fortalece. Este imperativo se vuelve urgente: el compromiso con la dignidad humana no admite improvisaciones.
Miguel Ángel Cruz Muciño.
Especialista en Derechos Humanos
