El pasado día 1 de junio, los mexicanos vivimos algo que nunca habíamos visto: una elección judicial. La idea planteada por el oficialismo parecía buena: acudir a las urnas para votar por jueces, magistrados y ministros, no por partidos políticos. Los oficialistas incluso llegaron a decir que sería una forma de acabar con la corrupción que existía en este poder. Pero, en la práctica, la cosa sucedió muy diferente. Esta elección deja un sabor amargo, de retroceso democrático, entre simulaciones y hasta sospechas de intenciones peligrosas.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lo dijo sin rodeos en su informe preliminar: “Hubo escasa información sobre las y los candidatos, una participación muy baja y muchas preguntas sin responder sobre el proceso". De hecho, de más de 300 candidaturas registradas, muy pocas eran conocidas por la ciudadanía. ¿Cómo votar por alguien que ni siquiera sabes quién es?
La OEA también destacó que la falta de campañas, debates o foros públicos impidió que las y los votantes tuvieran elementos para tomar una decisión informada. Para colmo, no hubo reglas claras ni fiscalización efectiva de los recursos usados por las y los aspirantes. Todo esto pone en duda si realmente se trató de una elección o simplemente de una simulación para legitimar nombramientos previamente acordados.
En su columna publicada en El Universal el 3 de junio, José Woldenberg lo explicó con claridad: “Lo que mal empieza, mal acaba”. Y es que la elección judicial empezó mal. Fue una reforma impuesta desde el poder, sin diálogo ni consenso, sin escuchar a las y los expertos y, sobre todo, sin preparar a la sociedad para participar en un proceso tan delicado como es pretender elegir a quienes van a juzgar desde lo más alto del sistema judicial. Woldenberg señala que, en lugar de fortalecer la independencia del poder Judicial, se le subordina a la lógica electoral, donde la popularidad o el respaldo político pesan más que la trayectoria, la ética o el conocimiento jurídico. Y eso, dice él, pone en riesgo el equilibrio de poderes y la justicia misma.
Mariana Campos, de México Evalúa, fue más enfática. En su texto titulado La elección judicial: oportunidad criminal, advirtió que este modelo puede abrir la puerta a que el crimen organizado influya directamente en el poder Judicial. Si ya hemos visto cómo en muchas regiones los grupos delictivos compran o amenazan a candidatos a alcaldías o diputaciones, ¿qué les impide ahora hacer lo mismo con los jueces o magistrados?
Lo más preocupante, dice Campos, es que no hubo controles ni filtros eficaces para evitar que los candidatos con vínculos oscuros accedieran a las boletas. En un país donde el 90 % de los delitos no se castigan, el riesgo de tener un poder Judicial capturado por intereses criminales no es una exageración: es una amenaza real.
Hay quienes defienden esta elección diciendo que “el pueblo debe elegir a sus jueces”. Pero, ojo, la justicia no es un concurso de popularidad. Elegir a un magistrado no es como votar por el “rey feo” de carnaval. La justicia requiere formación, experiencia, imparcialidad. No basta con tener carisma o un buen slogan de campaña.
Además, como lo ha señalado la OEA, el diseño de este proceso no garantizó ni transparencia, ni representatividad, ni competencia equitativa. Al contrario, muchos temen que el objetivo real no fue democratizar la justicia, sino controlarla desde el poder Ejecutivo.
La elección ya pasó, pero los problemas apenas empiezan. Crecen las voces que exigen, en redes sociales y medios de comunicación muy diversos, una revisión profunda del proceso y sus resultados. Organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y ciudadanos comunes coinciden en algo: no podemos normalizar esta manera de hacer las cosas.
La elección judicial del 1 de junio debería ser una lección, no un modelo a repetir. Si de verdad queremos una justicia más cercana al pueblo, primero tenemos que fortalecer sus instituciones, profesionalizar a sus integrantes y blindarla de los intereses políticos, económicos y criminales. Porque si lo que buscamos es justicia, no podemos empezar con un acto de simulación.
El autor es maestro en Administración Pública y Política Pública por el ITESM y máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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