La eutanasia no es solamente un término jurídico o médico: es una interrogante ética que toca lo más profundo de la condición humana. Nos obliga a preguntarnos si el derecho a vivir con libertad incluye también el derecho a morir con dignidad. La prolongación artificial de la vida, aun en escenarios de dolor insoportable o de enfermedades terminales, plantea dilemas que trascienden lo técnico. La cuestión de fondo es si la sociedad está dispuesta a respetar la voluntad de quien decide cerrar su ciclo vital de manera libre y consciente.
En mi libro Bioética: el final de la vida y las voluntades anticipadas, elaborado en colaboración con grandes investigadores universitarios, sostengo que la autonomía personal debe prevalecer incluso en la fragilidad de los últimos días.
Esta obra no es un esfuerzo aislado, sino el resultado de un diálogo plural entre especialistas en derecho, medicina, filosofía y bioética, cuyo propósito común fue ofrecer una mirada seria, científica y humanista a uno de los temas más delicados de nuestro tiempo.
Allí afirmo que “la dignidad de la muerte no es otra cosa que el reconocimiento de que, incluso en el último aliento, la persona conserva intacto su derecho a decidir”. Más que un libro, se trata de una invitación a pensar con rigor y sensibilidad sobre cómo queremos vivir y, en consecuencia, cómo queremos morir.
Estoy convencido de que este trabajo académico debe convertirse en una referencia obligada para el debate legislativo, sirviendo como insumo de reflexión y guía para que, con argumentos sólidos y con humanidad, la presente legislatura discuta y atienda un tema impostergable.
Las voluntades anticipadas se erigen como un mecanismo jurídico y humano que permite dejar constancia sobre los tratamientos médicos a los que deseamos —o no— someternos cuando ya no tengamos voz. Son, en esencia, un acto de soberanía íntima.
Las voluntades anticipadas, reguladas en algunas entidades de México, constituyen un primer paso en esta dirección. A través de ellas, una persona puede expresar de manera previa qué tratamientos desea recibir o rechazar cuando ya no tenga voz.
Se trata de un acto de soberanía íntima, de un testimonio de libertad personal que da sentido al último tramo de la vida. Como escribo en la obra: “El documento de voluntades anticipadas es, en esencia, un pacto con la dignidad: un recordatorio de que la persona no se reduce a un cuerpo biológico, sino que es portadora de conciencia, voluntad y valores hasta el final”.
El caso de Samara Martínez, periodista mexicana que enfrenta insuficiencia renal terminal y otras enfermedades crónicas, encarna este dilema con una fuerza conmovedora. Conectada a una máquina de diálisis durante diez horas al día, ha impulsado la “Ley Trasciende” para legalizar la eutanasia en México.
Su mensaje resuena con claridad: elegir una muerte digna también es vivir con dignidad. Su voz ha abierto un debate impostergable en nuestro país, donde la legislación apenas ha avanzado en el reconocimiento de las voluntades anticipadas en algunas entidades federativas.
Sin embargo, este debate no ha estado libre de resistencias. Desde tiempos históricos, el dogma religioso ha sido severo y ha colocado sobre la muerte voluntaria la etiqueta del “pecado” o del “castigo”.
Durante siglos, el sufrimiento fue visto como una prueba divina que debía asumirse sin cuestionamiento. Hoy, esas huellas culturales siguen influyendo en la legislación y en la percepción social de la eutanasia, dificultando que la compasión y la autonomía se coloquen por encima de la condena moral.
El panorama internacional muestra los contrastes de este dilema. Holanda fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia en 2002, y desde entonces ha establecido un marco regulatorio que busca equilibrar la libertad individual con la responsabilidad médica, garantizando controles y revisiones.
Por otro lado, en Estados Unidos, la historia del doctor Jack Kevorkian, conocido como el “Doctor Muerte”, evidenció el peso de la criminalización. Kevorkian ayudó a más de un centenar de pacientes a morir y fue condenado a prisión en 1999, convirtiéndose en un símbolo de la confrontación entre compasión médica y penalización legal. Dos modelos distintos, pero que reflejan la misma tensión entre dignidad y prohibición.
Mientras tanto, la ley sigue trascendiendo; otros países de la región han dado pasos más firmes. Colombia, pionera desde 1997, no solo reconoció la eutanasia, sino que en 2022 avaló judicialmente el suicidio médicamente asistido. Ecuador, tras el emblemático caso de Paola Roldán, reconoció en 2024 la eutanasia como derecho constitucional.
Y Uruguay, en 2025, se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar legislativamente una ley de eutanasia, estableciendo criterios claros y un procedimiento médico regulado. A diferencia de Colombia y Ecuador, donde el camino lo abrió la justicia, Uruguay lo hizo por vía parlamentaria, dotando a la norma de mayor legitimidad democrática.
México no puede permanecer ajeno a esta transformación. La regulación de las voluntades anticipadas ha sido un avance, pero insuficiente. Como planteo en mi obra, el reto es dar el siguiente paso: una legislación integral que permita a cada persona decidir sobre el final de su vida, con plena libertad y acompañada de un marco ético y médico que asegure cuidado, compasión y respeto.
Por ello, considero indispensable y propongo respetuosamente que este tema sea discutido en la presente legislatura, con una mirada humanista y de derechos, atendiendo a las voces de quienes, como Samara, reclaman que la dignidad no se limite al nacimiento o a la vida plena, sino también al morir.
Hablar de la muerte digna no es rendirse al final, sino reconciliarse con él. Es asumir que la libertad no se interrumpe cuando llega la enfermedad, sino que permanece como un derecho hasta el último instante. “La dignidad de la muerte no significa adelantar el final de manera precipitada, sino elegir que ese final sea coherente con los valores y deseos de la persona”. En este sentido, morir con dignidad es también un acto de amor propio y de respeto de la sociedad hacia sus ciudadanos.
Hoy, México tiene la oportunidad de colocarse a la altura de los países que han comprendido que la vida y la muerte son dos partes inseparables de la misma condición humana. Reconocer el derecho a decidir sobre el final de la vida no es un atentado contra la existencia, sino la forma más elevada de honrarla.
La dignidad humana no se extingue con la vida biológica. Se manifiesta, con mayor fuerza quizá, en la capacidad de elegir cómo despedirse del mundo. Reconocerlo no significa rendirse, sino celebrar la autonomía que nos hace humanos hasta el último instante.
