Lo hizo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por mucho tiempo: ocupar los programas sociales como herramienta esencial para conquistar a los electores; sobre todo, a la enorme cantidad de gente más desfavorecida que, por desgracia, abunda en México. Eso les dio la posibilidad de retener el poder por décadas.
No era un secreto. A pesar del reclamo justo por parte de los adversarios del tricolor, las cosas no cambiaron; únicamente se fueron ajustando. La creación de leyes que se generaron a partir de la exigencia de los institutos que buscaban hacerle frente al poderoso partido en el gobierno tuvo que conformarse con muy poco, lo que en realidad no ponía en riesgo al hegemónico partido.
En el documental “PRI: Crónica del fin”, el expresidente Carlos Salinas de Gortari aceptó que recomendó a su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, apropiarse de los programas sociales para revertir la tendencia que se encontraba, en ese momento, creciendo en favor del candidato del PAN, Diego Fernández de Cevallos, el “Jefe Diego”.
El repunte del “Jefe Diego” se dio después de los debates presidenciales, en los que demostró una magistral forma de comunicarse frente a la experimentada maquinaria priista; mientras que el candidato izquierdista, Cuauhtémoc Cárdenas, se desdibujó, por lo que los ojos de quienes seguían atentos el desarrollo de éstos se centraron en las dos figuras centrales: Zedillo y Fernández de Cevallos.
Ante tal escenario, fue el propio Salinas quien aceptó que, si las elecciones se hubieran celebrado unos días después del debate del 12 de mayo de 1994, el panista hubiese tenido grandes posibilidades de levantarse con el triunfo, por la impresión que causó su presentación en el debate y, sobre todo, por sus argumentos.
Fue entonces cuando se emprendió, por parte del partido en el poder, un impulso decisivo a la campaña poco inspiradora de Zedillo, quien además cargaba con el gran peso que significaba ser el candidato oficialista y, por consecuencia, traer a cuestas los problemas económicos que enfrentaba el país.
Sí, los programas sociales, a la postre, fueron decisivos para soslayar el problema que representaba la propuesta panista al entonces candidato priista Ernesto Zedillo; si no hubiera sido por ese salvavidas, tal vez la historia se estaría contando de otra forma.
No obstante, el uso excesivo de los programas sociales, independientemente de que siempre han sido el reclamo de la oposición porque les representa condiciones de clara desventaja y una lucha desigual por la conquista del voto ciudadano, es la percepción del pueblo lo que los hunde, porque se ve obligado a “agradecer” a sus benefactores el apoyo que recibe. Por este motivo, no causa sorpresa que se hayan multiplicado por ser poderosas letras de cambio y, convenientemente, se les haga ver como una conquista de “justicia social”.
Al día de hoy, son lo mismo y, como ya es costumbre, se les bautiza con otros nombres. Apoyados en la idea de que se está llevando a cabo una transformación y, por ende, una merecida “repartición de la riqueza”, se presentan de nueva cuenta, al igual que lo hacían en el pasado, como si de verdad fueran logros del gobierno, enalteciendo el nombre del titular del Ejecutivo; así los utilizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y así los sigue haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El peligro que corre el país es que el gobierno desatiende obligaciones fundamentales, como son seguridad, justicia, salud, infraestructura, educación, empleo y desarrollo económico, entre otros, que son necesarios para garantizar el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. No obstante, mantener los programas sociales y el pago de la construcción de obras heredadas está enviando a la desesperación la administración de Sheinbaum.
Por esta razón se inventan nuevos impuestos, como los destinados a bebidas azucaradas, tabaco y productos con nicotina, videojuegos, apuestas y sorteos. El pretexto por su aplicación puede variar, pero el fin es el mismo. Al Ejecutivo le urge allegarse recursos, pues el dinero se le acaba. Los recortes a las diferentes instancias las están dejando en los huesos y, aun así, son insuficientes; eso obliga a la administración Sheinbaum a buscar recursos “por debajo de las piedras”, sin dejar de señalar que la deuda externa se encuentra al doble de lo que la recibió López Obrador, aunque la mandataria diga que éste solo solicitó “un poquito” en deuda.
Los programas sociales se convierten en la mejor arma de la 4T y la oposición no encuentra forma de hacer algo para evitarlo. Lo que es más preocupante para éstos es que se avecina una reforma electoral que promete dejarlos aún en peores condiciones: la reducción en sus prerrogativas acabará con sus fuerzas.
A pesar del negro panorama que se le presenta a los detractores del sistema, existe un antecedente que deja ver que sí se le puede vencer al partido en el poder, y lo demostró Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña de 1988. Sin embargo, los morenos se empeñan en no dejar cabos sueltos; han domado al Instituto Nacional Electoral (INE), que se creó primero como Instituto Federal Electoral (IFE), y contra eso la batalla es más dura. El objetivo de la creación del INE, sin embargo, era claro: después de la comentada lección aprendida en aquellos comicios de 1988 se libró una feroz batalla para tener un árbitro independiente al poder. ¿Se logró? Sí, pero las circunstancias amenazan con tener una regresión desafortunada.
La 4T pelea con todas sus fuerzas para volver a las condiciones que favorecían al candidato oficial, como en aquel año de 1988. Todo lo logrado entonces se habrá perdido y, al parecer, no hay nada que se pueda hacer, porque aparentemente la reforma electoral no encontrará impedimento alguno.
