La llegada de Morena al gobierno del Estado de México no fue una alternancia política ordinaria. Representó el fin de casi un siglo de hegemonía priista (1929-2023). Hasta incluyó sospechas de pactos con Alfredo del Mazo Maza, para dejar libre el paso a la actual gobernadora, a cambio de la impunidad necesaria para seguir libre. La promesa fundamental a los mexiquenses se centró en la erradicación de la corrupción sistémica y un mayor bienestar cotidiano. El reciente “informe” de gobierno (por cierto, no disponible en la página de “transparencia”) evidencia una peligrosa disociación entre retórica oficial y datos duros que miden el impacto real de las acciones gubernamentales en la vida de los habitantes.
Revisemos aspectos sobresalientes. La seguridad en el EdoMéx presenta una brecha insalvable entre las estadísticas (selectivas) del gobierno y la realidad. En la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) de junio de 2025 hay un dato devastador: 90.7 % de adultos en Ecatepec manifiestan sentirse inseguros al caminar por las calles. Cuando esta proporción de habitantes vive bajo la sombra del miedo, la supuesta disminución en el índice de delitos de alto impacto, reportada por la administración, se vuelve irrelevante.
El INEGI reveló que el 45.2 % de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, durante el primer semestre de 2025, declararon haber sufrido al menos un acto de corrupción. Esta cifra demuestra que esta actividad no es solo un problema administrativo, sino un obstáculo activo para la seguridad. Incluso la entrega de patrullas resulta una medida cosmética e insuficiente si los servidores públicos que las usan, supuestamente para protegernos, se corrompen con facilidad y no cumplen con su trabajo.
La deficiencia de los servicios urbanos es otro indicador que demuestra la incapacidad administrativa del gobierno. El 82.9 % de la población urbana considera que los baches en las calles y avenidas son uno de los principales problemas de su ciudad. El escenario no es muy halagador si el gobierno sigue con promesas de transformaciones macro, pero es incapaz de solucionar lo micro.
También sobresale la crisis hídrica. No obstante que el sistema Cutzamala ha alcanzado 87 % de su capacidad, gracias a una buena temporada de lluvias, no debemos olvidar que en años pasados 114 municipios (91 % del total) estaban en condiciones de sequía moderada, severa o extrema. Incluso la gobernadora reconoce que seguimos bajo estrés hídrico y nuestra infraestructura es obsoleta. Pero no se asigna presupuesto para darle mantenimiento o modernizarla. La red de distribución requiere una reestructuración profunda porque las fugas son abundantes y se mantiene vigente la vulnerabilidad de la entidad ante una próxima sequía. En el otro extremo, también por falta de inversión en obra pública, varios municipios sufren inundaciones mucho más que severas, como Nezahualcóyotl.
En lo que respecta a la política económica, nuestro estado muestra signos catastróficos de alarma. En el primer semestre de 2025 hubo un decremento del -21.8 % en la generación de empleos registrados ante el IMSS. La tasa de informalidad se mantiene en el 55.9 % de la población ocupada. La caída del empleo formal intensifica una crisis social preexistente porque los trabajadores informales carecen de beneficios laborales o seguridad social. En lugar de consolidar el crecimiento económico (que solo se expandió 1.2 % entre 2020 y 2025), la administración impide oportunidades de empleo de calidad.
Más del 30 % de los mexiquenses carecen de servicios de salud, cifra reportada por el CONEVAL en 2022 (la última disponible). Ante tal rezago, no hay un plan contundente que aspire a resultados visibles para incorporar a las personas a estos servicios. La apuesta del gobierno son las transferencias de efectivo (programas sociales) que no pueden sustituir la inversión crítica y urgente en infraestructura médica, abasto de medicamentos y contratación de personal calificado.
Y bueno, en medio de semejante escenario, para sorpresa de muchos, hasta agosto de 2025, la gobernadora ha incrementado su aprobación en 2.7 %. Este fenómeno es un reflejo de la inercia política y la lealtad ideológica del movimiento al que pertenece. La popularidad es un capital político heredado y alimentado por la propaganda digital (redes sociales, bots) que logra que el elector apruebe a la figura política… aunque reprueba los servicios públicos que recibe.
Aprobar al político mientras se reprueba su gestión representa una fractura democrática preocupante. Cuando la lealtad ideológica sustituye la exigencia ciudadana, todos perdemos. El Estado de México no necesita más promesas transformadoras: necesita servidores públicos que quieran gobernar y realmente resolver, desde lo más simple hasta lo más complejo. Lo demás es literatura.
