La conmemoración del 2 de octubre de 1968 revela síntomas alarmantes de crisis de nuestro estado de derecho: escalada de violencia, discurso oficial que intenta borrar las líneas entre orden y represión, y la peligrosa reescritura de la historia que consagra el poder y la impunidad militar como pilar del ejercicio gubernamental.
El llamado Bloque Negro recurrió a la violencia directa con vandalismo y uso de artefactos peligrosos, como bombas molotov. En CDMX, el saldo es de 29 civiles y 94 policías lesionados, 16 de ellos hospitalizados. La Cámara de Comercio (Canaco) reportó pérdidas económicas que ascendieron a más de 16 millones de pesos, calificando los ataques como “acciones premeditadas”. En Toluca se reportó violencia de policías contra jóvenes y periodistas; les arrebataron sus herramientas de trabajo y eliminaron fotografías y grabaciones que evidenciaban la acción policial.
Ahora bien, ¿por qué hay más violencia? Por un lado, la polarización social y política. La marcada división ideológica y la confrontación que este gobierno mantiene socavan la capacidad de gobernabilidad y la confianza en las instituciones. La crispación constante del discurso político actúa como un catalizador que exacerba cualquier conflicto callejero.
Por otra parte, existe un sentimiento oculto de anarquía. Por ejemplo, el Bloque Negro no es una organización homogénea, sino una táctica que agrupa a jóvenes que expresan su “hartazgo, desconfianza y ruptura” con las formas tradicionales de protesta. Su rabia, a menudo anticapitalista y antigubernamental, se manifiesta en la destrucción de la propiedad como un acto de propaganda por el hecho. El anarquismo es, para sus defensores, una resistencia radical frente a un sistema opresivo.
Con un discurso que podríamos llamar falacia retórica de “orden sin represión”, Claudia Sheinbaum centró su defensa en condenar los actos violentos y acusar a los grupos radicales de buscar “provocación” para generar una narrativa de represión. Diferenciar entre poner orden y ejercer represión debe sujetarse siempre a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. En esa retórica, Morena intenta asignar a la oposición la imagen de autoritaria para desviar la atención de las crecientes fallas y abusos de la administración actual, que busca perpetuar el peligroso binarismo amigo-enemigo en el debate público.
Sin embargo, la 4T ha exhibido una alianza sin precedente con las fuerzas armadas para impulsar y proteger su proyecto. López Obrador generó un discurso funcional a su objetivo de militarización, que se ha convertido en un aspecto orgánico del ejercicio del poder en México. Esta militarización profunda ha resultado fallida y se nota en el aumento de violaciones a los derechos humanos, además del costo directo que tiene en la rendición de cuentas.
Actualmente, las privilegiadas fuerzas armadas desarrollan 227 funciones de gobierno civil, con todo su presupuesto, y tienen prerrogativas que les permiten, primero, opacidad total, porque están fuera del sistema nacional de fiscalización y auditoría; además, la justicia militar se mantiene aislada de la civil, situación que permite una impunidad desoladora: de 525 investigaciones que se abrieron en 12 años por violación, hostigamiento y abuso sexual, sólo se tienen 17 sentencias, apenas el 3.2%.
Segundo, la élite permanece impune e intocable. Los generales acusados de delitos sexuales no han sido sentenciados, sus casos archivados o absueltos, sin llegar a juicio. Y tercero, encubrimiento histórico: la SEDENA se ha negado a entregar más de 800 documentos con información, principalmente desde 1965 hasta 1990, aunque también relacionada con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Además, el actual gobierno, lejos de impulsar el acceso a la verdad, contribuye a resguardar esa información y, en su decisión, socava el estado de derecho y actualiza la impunidad militar a cambio de lealtad absoluta a su proyecto de nación.
Hoy, los ciudadanos tenemos que defender y fortalecer el espacio cívico y las libertades, como la de expresión, reunión y derecho a la información. Tenemos que exigir la desmilitarización del país y reclamar la primacía civil: que regresen los militares a sus cuarteles y se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad. Que el artículo 129 constitucional regrese a su texto anterior, para que, en tiempos de paz, sólo asuman funciones directamente relacionadas con la disciplina militar.
Tenemos que luchar por la verdad total y cero impunidades. Presionar de manera constante para que el ejercicio de la justicia militar sea transparente y las fuerzas armadas estén obligadas a la rendición de cuentas. No deberíamos aceptar que permanezca o se incremente la impunidad. Sin verdad no hay justicia, y sin justicia, la impunidad se convierte en mecanismo de actualización del autoritarismo, consolidando un pacto de silencio en la cúpula del poder.
