La “Operación Caudal”, desplegada en 48 municipios del Estado de México, clausuró 189 fuentes de extracción ilegal de agua, incluyendo 51 pozos y 138 tomas clandestinas. El operativo, impulsado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y respaldado por autoridades estatales y federales, tuvo como objetivo frenar el tráfico ilícito de agua, una práctica que ha generado sobreexplotación de mantos acuíferos y desbalance en la red pública de distribución.
Los beneficios que se pueden destacar son la recuperación del control estatal sobre el agua, un recurso público que estaba siendo explotado sin regulación, según información de las autoridades. Con esto, se proyecta incrementar 723 litros por segundo en el caudal disponible para la red pública, beneficiando a más de 416 mil habitantes.
El operativo busca reducir las prácticas abusivas por parte de piperos que lucran con la escasez, vendiendo agua a precios inflados; agua que extraen de pozos, según la versión oficial, de pozos no regulados.
Según la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), el abasto de agua está asegurado, pues los pozos legales y las redes municipales siguen operando sin interrupciones.
Sin embargo, la realidad es otra, pues miles de familias que no tienen agua —culpa de las autoridades— sobreviven con el servicio de estas pipas, que, aunque a altos precios, les acercan el vital líquido.
El cierre de pozos ha encarecido el agua, duplicando precios en algunas zonas, mientras piperos que dicen que el “agua es de todos” y que miles de familias viven de este “honrado” empleo protestan y bloquean las principales vialidades de diversos puntos del Estado de México, causando un mega caos.
Este problema también es responsabilidad de las autoridades, quienes han soslayado la irregularidad con el fin de no afectar intereses políticos. Solo para darnos una idea de la magnitud de la irregularidad: de los casi 200 pozos clausurados por la Operación Caudal, solo 11 han acudido a la Fiscalía para legalizar su situación.
¿El agua es de todos?
La frase “el agua es de todos”, usada por piperos en su defensa, revela una paradoja brutal: ¿puede considerarse “de todos” un recurso que se vende a precios prohibitivos a quienes más lo necesitan? Si bien el argumento apela a un principio de justicia natural, en la práctica, el acceso al agua está mediado por infraestructura, concesiones y poder económico. Las familias que compran agua a piperos no lo hacen por elección, sino por necesidad. Y pagar por un bien público a precios de mercado no es equidad: es supervivencia condicionada.
Operación Caudal es un show mediático: Cristina Ruiz Sandoval
En tanto, la líder del PRI Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, calificó esta operación como un show mediático y aseguró que el gobierno de Morena “todo lo hace mal y al revés”. Dijo que primero llegan y cierran todo lo que a su parecer está mal y luego lo investigan, cuando debería ser al revés.
“Es el colmo”, dijo, que le hayan clausurado el pozo hasta de un hospital en La Paz. Aunque aseguró que no está en contra de regular el servicio de los piperos, sí lo está de las formas en que lo hacen, pues otra vez, los más afectados son los que no tenían agua y la compraban, y ahora ni comprarla pueden. “Todo mal”, aseguró.
