Hay algo que desde hace tiempo me ronda la cabeza: la manera en que hoy hablamos de desigualdad, de violencia y de convivencia dentro de nuestras comunidades. A veces, en el intento por volver los discursos más amplios, neutros o cómodos, terminamos perdiendo precisión sobre cuestiones importantes. Y cuando eso ocurre, también se vuelve más difícil discutir los problemas de fondo.
Porque las palabras importan. No sólo describen la realidad; también ayudan a organizarla. Determinan qué vemos, qué dejamos pasar y qué consideramos aceptable dentro de una comunidad.
Por eso preocupa que, en ciertos debates, todo termine reducido a una lucha entre personas “buenas” y “malas”, o a una disputa de sensibilidades individuales. Muchas veces el problema no está en las intenciones personales, sino en dinámicas estructurales que se repiten casi sin que las notemos.
Y ahí es donde vale la pena detenerse.
Porque una cosa es la diferencia y otra la desigualdad. No todas las personas ocupamos los mismos espacios ni tenemos las mismas trayectorias, pero el problema aparece cuando ciertas posiciones de liderazgo, representación o decisión continúan concentrándose de manera sistemática en los mismos perfiles, mientras otras voces quedan en lugares secundarios o simplemente fuera de la conversación.
Eso no siempre ocurre por mala fe. A veces sucede, precisamente, porque ciertas prácticas se han normalizado tanto que dejan de llamar la atención.
Sigo reflexionando en lo que recientemente generó incomodidad dentro de nuestra comunidad universitaria: la integración de una planilla donde todas las titularidades quedaron en manos de hombres, mientras las mujeres aparecen únicamente en suplencias. Y quiero decir algo con claridad porque me parece importante hacerlo: cuestionar esa configuración no implica cuestionar individualmente a las mujeres que decidieron participar en ella.
Cada mujer conoce sus circunstancias, sus tiempos, sus responsabilidades y las negociaciones personales que atraviesa para sostener su vida profesional y familiar. Nadie debería sentirse juzgada por aceptar participar desde el lugar que consideró posible o conveniente.
El problema está en otro lado.
Está en preguntarnos por qué, incluso en espacios donde hablamos permanentemente de democracia, igualdad y representación, seguimos considerando normal que las posiciones centrales de decisión permanezcan mayoritariamente en manos masculinas.
Porque quizá sí había otras mujeres interesadas en participar. Quizá algunas no fueron convocadas. Quizá otras ni siquiera imaginaron que podían ocupar esos espacios. Y quizá también hubo hombres que simplemente no se detuvieron a mirar la composición final de aquello que estaban construyendo.
Eso también pasa.
Y señalarlo no debería interpretarse como un ataque personal, ni mucho menos como un intento de destruir reputaciones. Tampoco significa que quienes alzan la voz quieran necesariamente ocupar esos puestos. A veces lo único que existe es la necesidad legítima de decir: “esto no nos representa a todas”.
Porque la representación no se agota en la legalidad. Hay decisiones que pueden ser perfectamente legales y, aun así, dejar preguntas abiertas sobre su legitimidad simbólica, ética o política dentro de una comunidad.
Lo preocupante es que, cuando algunas mujeres expresan esa incomodidad, muchas veces ocurre algo muy conocido: el debate deja de centrarse en el problema y empieza a centrarse en quienes lo señalaron.
Las voces críticas comienzan entonces a ser vistas como exageradas, conflictivas, incómodas o “divisivas”. La conversación deja de girar alrededor de la desigualdad y pasa a girar alrededor del supuesto exceso de quienes la nombraron.
Y ahí aparece una forma de violencia particularmente difícil de identificar porque suele ser sutil y socialmente aceptada: la violencia simbólica e institucional.
No necesariamente silencia de manera explícita. A veces funciona desacreditando poco a poco a quienes cuestionan, sembrando dudas sobre sus intenciones o haciendo que deban justificarse permanentemente para poder ser escuchadas.
Es agotador que tantas veces las mujeres tengamos que explicar no sólo aquello que pensamos, sino además demostrar que somos suficientemente razonables, amables y moderadas mientras lo decimos. Como si la legitimidad de nuestra palabra dependiera de no incomodar demasiado.
Y entonces una empieza a preguntarse por qué sigue resultando tan incómodo que las mujeres piensen críticamente los espacios que habitan. Por qué todavía se espera, tantas veces, que seamos conciliadoras antes que honestas, prudentes antes que lúcidas, silenciosas antes que incómodas.
Porque el problema no es solamente que existan desigualdades. El problema también es todo lo que se activa cuando alguien decide señalarlas públicamente.
Y quiero decir algo que me parece fundamental: cuestionar una estructura desigual no es violencia. Señalar una exclusión no es odio. Expresar desacuerdo frente a una representación que no refleja la pluralidad de una comunidad no convierte a nadie en enemiga de esa comunidad.
Pensar críticamente es un derecho político. Es parte de la vida democrática. Y una universidad tendría que ser, precisamente, el espacio donde esa posibilidad exista sin miedo.
Porque ninguna comunidad se fortalece silenciando las incomodidades. Se fortalece cuando es capaz de escucharlas, discutirlas y preguntarse honestamente qué partes de sí misma todavía necesitan cambiar.
