Reingeniería sin transformaciones radicales, ratifica gobierno del cambio

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Reingeniería sin transformaciones radicales, ratifica gobierno del cambio

Martes, 10 Julio 2018 00:08 Escrito por 

Son tiempos con aires de cambio los que parecen respirarse con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que arrasó no sólo para llevarse la Presidencia, sino también la mayoría de los escaños en el Congreso de la Unión, 19 de 26 Congresos locales, cinco de nueve gubernaturas y las alcaldías de 252 municipios del país.

Tras obtener carro completo, dejar hundido al PRI y como segunda fuerza política al PAN, el líder de Morena, hoy Presidente virtual de México, inició actividades con una apretada agenda para anunciar importantes modificaciones en su próximo gabinete, en materia de política gubernamental y una reingeniería económica que no implica una transformación que trastoque el modelo económico actual.

Ya lo había anticipado el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y lo volvió a ratificar inmediatamente después del 1 de julio, cuando ante la opinión pública dijo que se mantendrá la disciplina en las políticas macroeconómica, fiscal y de deuda, y se respetarán la autonomía del Banco de México (BdM) y los contratos de Petróleos Mexicanos con las trasnacionales, aunque se revisarán para garantizar que fueron obtenidos legalmente.

También ratificó lo que dijo en abril pasado en el Colegio de México, en cuanto a que no podría rechazarse la inversión extranjera ni podrían disolverse los “avances” en las licitaciones petroleras realizadas en las gestiones de Enrique Peña Nieto y de los panistas que le antecedieron al priísta del grupo Atlacomulco, quien pasará a la historia como uno de los causantes de la debacle del Revolucionario Institucional.

Sin duda vale ponderar que gracias a esos anuncios y otras acciones se desactivó gran parte del temor a una crisis que grupos de poder auguraban catastrófica si llegaba Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México. Hoy, por el contrario, a nueve días de las elecciones, se ha observado la recuperación del peso frente al dólar, una respuesta favorable del mercado y, lo que antaño era inimaginable, gran parte del empresariado nacional ha expresado su beneplácito a las propuestas del gobierno que encabezará el tabasqueño a partir del 1 de diciembre próximo, aunque ciertamente los hombres de negocios se manejarán invariablemente con cautela en diversos tópicos.

Lo que sí es un hecho es la reingeniería en la estructura de la administración pública federal y en el ejercicio del gasto público. Como lo anticipó AMLO desde su campaña, y ahora los próximos secretarios de Estado, todo apunta a la reasignación y ajustes en el gasto público, a la restructuración de los programas sociales con nuevos criterios y a la modificación de las estructuras en las dependencias gubernamentales para disminuir costos y acotar la corrupción, principalmente en lo que concierne a adquisiciones y licitaciones.

Entre tanto, seguramente resulta alentador para el 53 por ciento de los mexicanos que votaron por López Obrador, el anuncio que el virtual Presidente de México hizo ante la cúpula empresarial del país -y cuyos dirigentes avalaron-, respecto del programa de becas para 2.6 millones de jóvenes que realizarán trabajos como aprendices en la planta productiva del país, propósito para el cual la gestión de AMLO destinará alrededor de 110 mil millones de pesos.

Otros anuncios que alimentan la esperanza de la población de escasos recursos económicos es la atención de los grupos vulnerables, entre ellos la propuesta de una pensión universal y duplicada en todas las entidades del país, excepto en la Ciudad de México donde ya se recibe. Para el programa de los adultos mayores se planea la reasignación de 35 mil millones de pesos que se obtendrán de Prospera, programa social que no desaparecerá, pero sí se modificará.

A propósito de los programas sociales, la encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, María Luisa Albores González, ya anunció el rediseño de al menos 18 programas de combate a la pobreza y, aunque cabría destacar que al menos se tendrían que revisar 147 programas que se cruzan con los de otras dependencias gubernamentales (Sagarpa y Semarnat), es novedosa y necesaria la inclusión a éstos de un enfoque productivo y formativo que permita generar empleos y romper el círculo vicioso de la marginación.

Albores prometió que se atenderá sobre todo a los 68 pueblos y comunidades indígenas, tema de la mayor relevancia pues con ellos el Estado mexicano tiene una deuda histórica. Baste recordar que la tasa de pobreza extrema entre la población que habla alguna lengua indígena en México es del 38 por ciento, porcentaje que cuadriplica el de la población general clasificada como extremadamente pobre en 2012, que se situó en el 9,8 por ciento, según Coneval, agencia responsable de la medición de la pobreza en el país.

Resulta alentador que en ese renglón López Obrador retome los Acuerdos de San Andrés y proponga una reforma constitucional en materia indígena, tema pendiente desde que el ex presidente del PAN, Vicente Fox, prometió resolver el conflicto zapatista (EZLN) en 15 minutos.

La agenda es vasta y compleja, con temas de la mayor relevancia que en este espacio se irán abordando según avance el nuevo gobierno de la esperanza. En el tintero esperan reformas de largo alcance y muy controversiales, como la educativa que, según anunció el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se cancelará para en su lugar emitir una nueva ley que sea consensuada por todos los actores involucrados.

Otro asunto muy sensible para todos los mexicanos tiene que ver con la seguridad nacional, incluyendo la protección de la figura del Primer Mandatario por el Estado Mayor Presidencial, así como uno que pega en el bolsillo de los mexicanos: el precio de las gasolinas y de la energía eléctrica que AMLO prometió disminuir en tres años sin que hasta el momento sea suficiente sustento el que ese objetivo se logrará mediante la creación de la infraestructura respectiva, sobre todo cuando en materia de política exterior está pendiente la aprobación del Tratado de Libre Comercio y por definirse la relación del gobierno de López Obrador con la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

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Eliza VelKott

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