A casi cinco meses para que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia de la República, el 1 de diciembre próximo, prácticamente ya está definido el gabinete que lo acompañará, en teoría, seis años, las reformas constitucionales y los recortes a sueldos y prestaciones de los altos funcionarios de los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), entre otras acciones para aplicar el plan de austeridad que prometió desde su campaña electoral.
Aunque ha delineado grosso modo algunos aspectos sobre el tema de la seguridad, como la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, falta elaborar el plan respectivo para cuya hechura se propuso realizar foros donde supuestamente participaría en forma virtual el Papa Francisco, noticia dada por López Obrador y que este lunes desmintió el propio Vaticano.
El vocero del Vaticano, Greg Burke, de manera contundente desmintió el anuncio del presidente virtual de México, al señalar que “no tiene fundamento” la participación del Sumo Pontífice en las conferencias para la paz, como se había planteado.
El desmentido del Vaticano provocó que saliera a la palestra Loreta Ortiz, encargada de la defensa de los derechos humanos en el próximo sexenio, para admitir que no había hasta el momento una confirmación oficial sobre la participación del Papa Francisco.
Sin duda, una falta de cuidado en un tema tan sensible para quienes se harán cargo del próximo gobierno y en particular para los ciudadanos que coincidimos en que uno de los asuntos de la mayor relevancia que prometió resolver AMLO será la pacificación en el país, el respeto a los derechos humanos y garantizar la seguridad social.
Tema nada fácil y sobre el cuál nos preguntamos cómo y dónde se insertará la participación ciudadana en el nuevo entramado gubernamental para la seguridad nacional.
Independientemente del tropezón, AMLO todavía goza de la amplia simpatía ciudadana, luego de que este domingo detallara lo que ya se sabía desde su campaña y ha reiterado: la reducción de su salario como Presidente en un 40 por ciento respecto a los 270 mil 620 pesos mensuales que actualmente percibe Enrique Peña Nieto.
El tabasqueño -él lo dijo-, sólo percibirá 108 mil 248 pesos de ingreso mensual y promoverá una reforma al artículo 127 Constitucional para que ningún funcionario público gane más que el Presidente, incluyendo legisladores y magistrados. Falta por ver si éstos estarían dispuestos al recorte de sus ingresos, sobre todo los magistrados que al año perciben, entre sueldos, riesgos y prima vacacional, unos 4 millones 230 mil pesos anuales, sin contar viáticos, seguridad y otros conceptos.
Según López Obrador se acabaron los privilegios, bonos y canonjías como la compensación de fin de año que en el caso del Presidente ascendía a casi 365 mil pesos -además del aguinaldo base que por ley se paga-, los seguros de gastos médicos mayores y el de separación individualizado, el pago de automóviles, celulares, escoltas, comidas, viajes, ropa para la investidura presidencial, incluyendo la de la primera dama -palabra que entrará en desuso-, etc.
Además, la tan proclamada eliminación de las pensiones a los ex presidentes de México y viudas de los ya desaparecidos por un monto que en 2017 sumó 45 millones de pesos.
Aunque la disminución en salarios a funcionarios del Ejecutivo Federal significa un recorte de 132 mil millones de pesos, López Obrador se propone un ahorro total de al menos 500 mil millones de pesos para destinarlos al desarrollo social. A esa bolsa se deben incluir los ajustes que por 2 mil millones de pesos se podrían hacer al Congreso de la Unión, por la disminución de sueldos y canonjías a diputados y senadores; la eliminación de comisiones, viajes, asesores y otros conceptos en ambas cámaras, más lo que resulte del Poder Judicial, aunque seguramente habrá quien no esté de acuerdo y se ampare ante las resoluciones presidenciales. A la vuelta se verá.
Por ahora, López Obrador aprovechó muy hábilmente las redes sociales, como Facebook y Twitter, para dar a conocer ayer a cientos de miles de ciudadanos sus 50 lineamentos generales dirigidos al combate a la corrupción y a su política de austeridad.
Llama la atención la reducción en 50 por ciento de la publicidad gubernamental en los medios de comunicación, la desaparición de las oficinas de prensa y la concentración de las partidas de comunicación social en una sola oficina de la Presidencia.
Si bien es cierto que con dicha disposición López Obrador quiere acabar con los excesos en que incurrió Enrique Peña Nieto en el gasto destinado a los medios de comunicación -erogó unos 2 mil millones de dólares en los últimos cinco años, el presupuesto más alto de los sexenios recientes, según estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación-, la concentración de la información en Presidencia, y de facto en el Primer Mandatario, parece un retorno al centralismo presidencialista posrevolucionario. En sí, no se observa como una buena señal para un gobierno que se dice abierto, demócrata y transparente.
Pese a todo, en las redes sociales se aprecia la muy buena aprobación que tiene el tabasqueño por parte de miles de seguidores. No faltó quien festejara el anuncio sobre el aumento al sueldo de los trabajadores de base del gobierno federal, aunque también se le cuestiona por el despido de 70 por ciento de los funcionarios de confianza, además de la eliminación de diversas áreas -entre subsecretarías, direcciones generales y oficinas- y el traslado de la mayoría de las dependencias federales a los estados de la República.
Muchos se preguntan si con la descentralización de las secretarías de Estado habrá áreas específicas que tengan que migrar fuera de la ciudad y lo que sucederá con los trabajadores, aunque parece que básicamente saldrán los funcionarios de alto nivel.
Por lo pronto, Joel Ayala, dirigente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) que aglutina a un millón 800 mil trabajadores del gobierno federal, anunció que apoyará la descentralización de las secretarías de Estado, sólo si se efectúa de manera consensuada con los trabajadores, ordenada, no impuesta y se les garantice una vivienda, servicios de salud, escuelas y un trato digno. Incluso, adelantó que propondrá al próximo presidente de México que se utilice una parte de los 200 mil millones de pesos del fondo Pensionissste, constituido ya como Afore, para la construcción y adecuación de las refinerías y en otros proyectos de infraestructura que aprueba la ley a las administradoras de fondos para el retiro en vivienda, carreteras, electricidad, gas y otra obras de infraestructura, como ya lo hace junto con Inbursa y otras Afores en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Con este apoyo, más el de los gobernadores, AMLO sigue caminando con el pie derecho.
