Bombardeados como estamos sobre funerales políticos anticipados, con toda suerte de necrófagos al acecho de presuntos cadáveres económicos también, además de toda la cháchara apocalíptica (digna de lúgubres astrólogos) luego de los resultados del pasado 1 de julio, el tramo final de este sexenio ofrece momentos en los que la realidad no satisface a muchos y optan por refugiarse en la ficción y protagonizar algunos episodios de histeria.
Resueltos a pasar a la posteridad como unos practicantes más entre la espesa legión de prestidigitadores económicos y políticos que anunciaron futuros felices en las ultimas cuatro décadas, sin que llegaran, personeros del gobierno federal rubricaron la doctrina del engaño mediante actos de forzada simulación.
En esa forma y con un pie en el estribo, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer que “México es el único país del G-20 que ha bajado su deuda”, en relación con el tamaño de su economía ya que que de 48.7 por ciento pasó a 42.4 por ciento del PIB.
¿Cómo se apagó, supuestamente, la mecha del barril de pólvora de los más de 10 billones de pesos sobre el que se sentará el próximo gobierno?
Bien. Pues resulta que esta aparente reducción de la deuda publica como porcentaje del PIB para 2018 no se debe a una menor deuda pública, que siguió creciendo este año, sino a que el PIB nominal va a ser mayor como consecuencia de una mayor inflación a la estimada, y eso hace que aparezca relativamente menor como proporción del Producto Interno Bruto.( Y ya está, listo para las estadísticas).
“La mentira cabalga sobre la deuda”, diría Franklin sobre los vicios de timar y de tener acreedores a lo bestia.
El hecho es que con Peña Nieto la deuda que recibió de 5.4 billones en el 2012, se disparó a 10.88 billones de pesos al cierre del 2017, año en el que, por cierto, el gasto de capital (desarrollo de infraestructura, como carreteras, puentes, escuelas, hospitales, centros deportivos, etc.) registró una caída de 36.7 por ciento (SHCP), hilando así tres años consecutivos de baja inversión oficial.
Eso sí, sólo el pago de intereses por esos más de 10 billones de pesos alcanzará este año los 600 mil millones de pesos. En 2017 se pagaron 525 mil millones de pesos.
En redondo, al final del sexenio se estima que únicamente por intereses la tecnocracia neoliberal habrá echado mano de los recursos de todos los mexicanos del orden de los 3 billones de pesos.
Negar o maquillar un hecho no lo elimina, pero hoy se sabe que ya no son sólo dos, sino tres, los métodos “normales” para liquidar pasivos: aumentar los ingresos o disminuir los gastos … o echar mano de las prestidigitaciones mentirosas más torpes, nada más para confirmar el dogma.
¿Cómo se llegó hasta esos niveles? ¿En qué se utilizó ese dinero? Eso es lo que menos han preguntado los “especialistas” ni criticado los supuestos “críticos”. En buena medida, los inversionistas -especuladores locales y extranjeros- que han apostado duro a los vaivenes del peso frente al dólar durante todo el sexenio, hecho combinado con el incremento en la tasa de interés de los Estados Unidos, podrían responder.
El silencio cómplice en ese y otros muchos casos difiere de las reacciones exageradas, con muestras de excitaciones intensas, ante el cambio de gobierno. Con cargo al autor de los nuevos “mandamientos” políticos (“No robar, no mentir y no traicionar al pueblo”) se han anticipando toda clase de calamidades en los próximos seis años.
Cierto es, como aseguró Cervantes Saavedra, que hay que desconfiar del caballo cuando se está detrás de él, de los toros cuando los tiene uno enfrente y de los clérigos y religiosos, de todos lados, y ese sería el caso ante el nuevo evangelio.
Pero todavía sobre el pecho del tabasqueño no ha sido colocada la banda presidencial, bueno, ni siquiera ha sido declarado “Presidente electo” por las autoridades correspondientes, y ya se hizo de su gobierno el más mentiroso, el más corrupto, el más amoral, integrado, claro, por gente de lo peorcito.
Es cosa de ver, por ejemplo, el desgarramiento de vestiduras, tirándose de los cabellos, con el nombramiento de Octavio Romero Oropeza como titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), y el de Manuel Bartlett Díaz en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A Romero lo acusan del grave delito de falta de experiencia en asuntos energéticos, subsanada por gozar de la amistad de Andrés Manuel López Obrador, del que fue Oficial Mayor en el gobierno de la Ciudad de Mexico. Preguntas: ¿A quién esperaban? ¿A Emilio Lozoya o a algún ejecutivo de Odebrecht?, ¿acaso la resurrección de Díaz Serrano o del empedernido tirador de dados en Las Vegas, Salvador Barragán?
En cuanto a Bartlett, se le recuerda como el orquestador de la “caída del sistema” en 1988, fraude que impidió a Cuauhtémoc Cárdenas llegar a Los Pinos por el Frente Democrático Nacional, el cual también postuló a López Obrador para la gubernatura de Tabasco pero perdió frente a Salvador Neme Castillo. Aquí resaltan las criticas al operador, omitiendo al beneficiario, Carlos Salinas de Gortari.
Pero la oposición a su nombramiento es porque, dicen, tiene el perfil y experiencia más en asuntos truculentamente electrizantes, que eléctricos. ¿A quién esperaban? ¿A Alfredo Elías Ayub, a Néstor Moreno o Alejandro Morales para otros fraudes por 300 millones de pesos y enviar a una cajera a la cárcel por denunciarlo? ¿A Enrique Ochoa Reza para luego, ilegales y millonarias liquidaciones de por medio, enviarlo a revivir despojos tricolores?
Sin duda su nombramiento es más que polémico, pero no se pueden ignorar sus posturas y varias de sus obras sobre temas como “Reforma Energética Anticonstitucional, Privatizadora y Desnacionalizante” (coautoría), “El debate sobre la Reforma Eléctrica”, “El Petróleo y Pemex, Despojo a la nación”, y otros textos que lo que menos reflejan es falta de perfil o de conocimientos.
De esto se colige que los gritos en torno de la designación no son tanto por el “pesado expediente” ni por el “perdón”, otorgado además por uno de los directamente agraviados, sino por la intención. Otros episodios guardan histerias semejantes.
