No es lo mismo prometer como candidato en campaña a la Presidencia de México, que tener frente a sí la problemática de un país complejo, en crisis en varios escenarios, entre ellos la inseguridad y la violencia que parecen no detenerse e incluso registran índices aún más altos que los de 2017.
La promesa en campaña que planteó Andrés Manuel López Obrador, en su proyecto de nación, de crear inmediatamente una Guardia Nacional para reforzar la seguridad del país y sacar al Ejército Mexicano y a los marinos de las calles del país, se tendrá que posponer por lo menos tres años.
El mismo presidente electo del país se topó hace días con tan cruda realidad, cuando admitió que, “siendo realistas, no hay otra alternativa”: el Ejército y la Marina tendrán que seguir haciendo frente al crimen organizado en el país.
Cuando estaba en plena campaña, AMLO aseguró en los puntos dos, cinco y ocho de su decálogo que no se utilizaría el fuego contra el fuego para apagar la violencia, que personalmente encabezaría un Mando Único para combatir la delincuencia y el crimen organizado, y se crearía la Guardia Nacional que integraría a todas las corporaciones policíacas y militares, a fin de poner orden en el país y garantizar la seguridad de todos los mexicanos.
En julio pasado, poco después de las elecciones –y luego de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que el primer semestre de este año es aún más sangriento que el de 2017, al registrar 93 asesinatos por día y cuatro víctimas por hora-, el ya anunciado secretario de Seguridad Pública en el próximo sexenio, Alfonso Durazo, soltó que no habrá Guardia Nacional y que el gobierno de AMLO mantendrá a los soldados y marinos en la lucha contra el crimen organizado por lo menos tres años más. Es decir: hasta el 2021.
Apenas la semana pasada, luego de reunirse con los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), AMLO rectificó de nuevo y dijo que “cambiará” su estrategia de seguridad, porque “no se ha podido consolidar a la Policía Federal”. Entonces, reiteró que no se podrá atender el problema de la inseguridad y de la violencia sin utilizar al Ejército y la Marina en las calles del país.
AMLO visitó en sus oficinas a los titulares de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, y de la Semar, almirante Vidal Francisco Soberón, y contrario a lo que pregonó en campaña, finalmente aceptó que de los jefes de las Fuerzas Armadas saldrán las propuestas de los nuevos titulares de esas estratégicas dependencias.
También se ha dejado de lado el tema de la Ley de Seguridad Interior, fuertemente cuestionada por amplios sectores nacionales e internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque autoriza el uso de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad, sin las adecuadas garantías, ni supervisión de las acciones conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Contrario a lo que declaró AMLO en campaña, que también criticó esa ley, una semana después de ganar las elecciones, Alfonso Durazo refirió que por estrategia esperarán a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre la misma.
Dicen que es de sabios rectificar, pero también era de esperarse que por la dimensión que ha cobrado la violencia en el país y por las condiciones de inseguridad que prevalecen, obviamente no cambiarán de un día para otro, ni tampoco las acciones tendrían resultados ipso facto.
Faltan unos meses para que López Obrador tome posesión en el cargo, lo mismo que su equipo de campaña y ya hay señales de agotamiento dentro de las esferas del poder, no sólo en este tema de la seguridad, sino también en lo que respecta al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (NAICD), cuyo tema se abordará en la próxima entrega.
Por fortuna, López Obrador todavía goza de muy buena popularidad entre la ciudadanía, y lo que diga y no concrete de aquí al primero de diciembre, se le dispensa porque faltan tres meses y semanas para que tome protesta como Presidente de México, y para entonces ya tendrá el timón bajo su total responsabilidad.
Siendo electo o en funciones, lo menos que se puede esperar del Presidente de México es que actúe con prudencia y antes de hacer declaraciones precipitadas o propuestas sin sustento, valore previamente -junto con especialistas, ciudadanía, mandatarios estatales y los grupos involucrados en alguna problemática-, la viabilidad de las alternativas.
Prometer no cuesta nada, pero lo que menos quieren los mexicanos son promesas que lleven a un estado de mayor frustración. Como dice el refrán popular: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y lo que requerimos en estos momentos son, más que buenos deseos, acciones realistas.
