En la Legislatura del Estado de México inició una nueva etapa desde el pasado 5 de septiembre. La mayoría de los partidos opositores al Revolucionario Institucional (PRI), liderados por Morena, advirtió que haría valer el voto de la ciudadanía y respondería a las expectativas de la gente.
Las expectativas, siempre las expectativas, que son la esperanza de conseguir algo; por eso, resultó pertinente la expresión del presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura estatal, Maurilio Hernández González, en el sentido de que para lograr la transformación de la realidad mexiquense, deberá transitarse del discurso a los hechos.
En la conferencia “Retos y oportunidades de la nueva conformación política del Estado de México”, que ofreció el consultor y profesor universitario, Juan Carlos Villareal Martínez, el coordinador de los diputados de Morena anunció que se irá a fondo en la actualización de la legislación estatal para construir un nuevo proyecto, porque la realidad lo exige.
Sin embargo –hablando de expectativas– de acuerdo con información que ha distribuido el movimiento “Maestros Unidos por la Educación Estado de México”, se realizó un foro para analizar la llamada Ley del ISSEMyM 2018, en la Cámara de Diputados local, en el que participaron derechohabientes y pensionados del instituto, quienes manifestaron su exigencia para que la ley sea abrogada (dejarla sin vigor).
La información que ha circulado en redes sociales, indica que los diputados de Morena se comprometieron a revisar todas las propuestas de manera responsable, para que se beneficie a todos los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), pero sin comprometerse a abrogarla.
Durante el foro, se dio a conocer que en 2007 –cuando se planteó la necesidad de modificar las aportaciones de los trabajadores afiliados al ISSEMyM y de las instituciones– se incrementaron las cuotas individuales a 9 por ciento y a 13 por ciento las aportaciones institucionales; cinco años más tarde, nuevamente aumentaron a 12.12 por ciento para trabajadores y 19.25 por ciento para patrones.
Ahora, la reciente reforma que se aprobó en la anterior legislatura, determina que los descuentos a los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, serán de 15.61 por ciento, y las instituciones deberán aportar 25.25 por ciento. Ambas a partir del primero de enero del próximo año.
Luego de escuchar los reclamos de los afiliados al ISSEMyM, las legisladoras Karina Alvarez y Berenice Medrano, así como el diputado Benigno García, sólo se comprometieron a analizar la ley y estudiar la abrogación “a fondo”, pero no se comprometieron a tomar la decisión, como lo habían anticipado antes de asumir su cargo de representación “popular”.
Si los análisis se prolongan y no toman decisiones para pasar de los discursos a los hechos –como lo dijo el coordinador de los diputados morenistas, Maurilio Hernández-, las expectativas que generaron entre los mexiquenses con respecto a diferentes problemas que les aquejan, la confianza en ellos empezará a descender.
Generalmente los políticos tienen un proceso de aprendizaje, sobre todo cuando es su primera ocasión en la representación popular, y algunos no entienden que obtener el triunfo conlleva una gran responsabilidad, porque no es lo mismo ofrecer y prometer en campaña, que asumir la autoridad y el poder para decidir con respecto a innumerables temas.
Es así que los “morenistas” empiezan a enfrentar sus primeras aproximaciones a la realidad y si no saben gestionar las expectativas y comunicar acertadamente sus decisiones, podrían generar el desencanto entre la sociedad.
Percepción
Concluye el primer año de funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Los resultados –a decir de su presidente, José Martínez Vilchis, ex rector de la UAEMéx– no han sido del todo notorios, porque este primer año el tiempo se ha consumido en la integración formal del propio sistema. Habrá que ver si hay voluntad política para fortalecer al sistema.
Ahora le corresponde a Palmira Tapia Palacios, asumir la presidencia del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Anticorrupción estatal. El proceso de elección de quien suplirá a Martínez Vilchis está en marcha.
Twitter: @RJoyaC
