Toluca/Estado de México
Al menos 40% de las personas privadas de la libertad no han sido sentenciadas, y que en los días de visita se hacen diferentes cobros a los familiares por cada servicio, así se dio a conocer en la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, durante la presentación del 2º informe del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, en el que se habló de la situación carcelaria en el Estado de México, violaciones a los derechos humanos de los internos y las visitas.
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Se reportó que los familiares de internos e internas pagan a los custodios hasta mil 250 pesos cada vez que acuden a visita a los centros de reclusión.
Asimismo se indicó que sistema penal de la entidad es opaco, ineficiente e injusto, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Maurilio Hernández González.
Es por ello que confió en que el trabajo conjunto de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario y de la Comisión de Amnistía contribuirá a la modernización de los centros preventivos y a que, quienes se encuentran presos injustamente y sus familiares, reciban justicia y un trato digno.
Es así que el también coordinador de morena, pidió a las personas involucradas que tengan la certeza de que el Congreso local apoya el trabajo de ambas comisiones para dar respuesta a la confianza y esperanza de familiares y personas presas debido a omisiones, procedimientos indebidos, injusticias y arbitrariedades.
En su oportunidad Ariel Juárez, enfatizó que solicitaron por escrito a la Secretaría de Seguridad autorización para que los diputados realicen visitas sorpresa a las prisiones estatales para constatar las irregularidades en que operan, además de que solicitarán al titular de la Fiscalía General de Justicia mesas de trabajo para analizar el tema de amnistía.
El legislador Gerardo Ulloa Pérez, presidente de la Comisión Especial de Amnistía, anunció que se busca, bajo el mecanismo de Parlamento Abierto, una reunión conjunta entre las dos citadas comisiones, así como las de Procuración y Administración de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública y Tránsito, con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y con familiares de personas presas para trazar una línea de trabajo para dar solución a esta problemática.
Fabiola Vite Torres, coordinadora general del Centro Zeferino Ladrillero, dijo que 84% de la población carcelaria no cuenta con servicios médicos y que 83% de los familiares de personas presas han sido extorsionados en las visitas.
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