El gobierno de Venezuela anunció un acuerdo con Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, en medio de tensiones por la reciente deportación de ciudadanos a El Salvador bajo la administración de Donald Trump.
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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el acuerdo se enmarca en el "Plan Vuelta a la Patria", con el objetivo de garantizar el regreso de los migrantes a su país con resguardo de sus derechos humanos. La reanudación comenzará con un vuelo inicial programado para el domingo 23 de marzo.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó la medida durante un acto público y calificó la iniciativa como un esfuerzo por "rescatar y liberar migrantes de las cárceles de Estados Unidos". También responsabilizó al mandatario salvadoreño Nayib Bukele por la salud y el bienestar de los venezolanos deportados a El Salvador, asegurando que los migranteb s no han cometido delitos en ninguno de los dos países.
El gobierno de Trump ha sostenido que las deportaciones se justifican por la presunta vinculación de los migrantes con la organización criminal Tren de Aragua. Sin embargo, tanto familiares como defensores de los derechos de los migrantes han rechazado estas acusaciones, asegurando que no hay pruebas que respalden dichas afirmaciones.
En este contexto, un juez federal de Estados Unidos había bloqueado previamente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para la deportación de venezolanos. A pesar de esta orden, 137 migrantes fueron trasladados a El Salvador la semana pasada. El juez James Boasberg anunció que continuará investigando si el gobierno violó la disposición judicial al no garantizar el retorno de los vuelos con los deportados.
Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, desmintió las acusaciones de Estados Unidos sobre la afiliación de los migrantes con el Tren de Aragua. Según los datos del gobierno venezolano, de los 920 migrantes retornados en los últimos meses, solo 16 tenían antecedentes judiciales, pero ninguno estaba vinculado a dicha organización criminal.
La Casa Blanca y el gobierno de El Salvador no han emitido comentarios oficiales sobre la situación, mientras que Venezuela insiste en la necesidad de repatriar a sus ciudadanos y garantizar su seguridad.
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