El pasado lunes 15 de julio, la Cámara de Diputados del estado de Yucatán votó mayoritariamente para evitar que personas adultas del mismo sexo, se puedan casar por vía civil. Con 15 votos a favor de que la unión civil solamente pueda ocurrir entre un hombre y una mujer (con fines reproductivos) y nueve en contra, el proceso fue consumado.
Ello sucede por segunda ocasión en el Congreso local de la península septentrional de mesoamérica. Está claro que en esta materia, dicho poder (soberanía yucateca) pasó por alto la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en tanto se sabe que no puede ser negada en ninguna entidad federativa la celebración civil del homo-matrimonio. Sin embargo, parece que estar en aquellas latitudes, les viene la mar de bien.
A los diputados y diputadas que votaron en contra del matrimonio igualitario (por cierto mediante sufragio secreto), habría que recordarles que viven en un Estado laico; que sus convicciones morales personalísimas no están por encima de la laicidad, aunque sientan que defienden a “La Familia”, así con mayúscula, en tanto hetorsexual, reproductiva, patriarcal, machista, misógina y católica.
También tendríamos que abonar, aunque quizá el suelo neuronal sea infértil, que solamente una pequeña parte de la comunidad LGBT+ quiere contraer nupcias y, que no se quieren casar con los heterosexuales, sino entre ellos(as).
Muchas, muchísimas parejas heterosexuales y homosexuales ni aspiran al maridaje ni les apetece la idea de casarse; les basta con el amor sin papeles, es decir, se aman porque se les da la gana y no desean jamás entrar al impoluto templo marital, so pena de que todo el encanto se derrumbe por la presunta “certeza” o “seguridad” que prodiga un papel. ¡Vaya que hay cultura y poder en ello!
Otras más, por distintas convicciones, pero también por circunstancias legítimas, optan por contraer nupcias al amparo de la ley, para proteger y compartir su patrimonio; para brindar seguridad médica o social (pensión) a su pareja; para encarar juntos(as) procesos de salud enfermedad; para poder viajar y quedar protegidos(as) dada su condición conyugal. En otras palabras, a veces no es un mero capricho o ilusión, sino una condición jurídica que se traduce en protección y desarrollo a escala humana. Estas son las condiciones que cándidamente ha pasado por alto la mayoría del congreso yucateco.
Como país, tenemos una década en la que por fin aparecimos en el mapa de la inclusión del matrimonio igualitario, cuando en 2009 la Ciudad de México abrió brecha en este importante terreno de la vida privada. Luego, en el año 2016, el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) envío una iniciativa para que en la Constitución y el Código Civil Federal se incluyera la figura del matrimonio igualitario y, aunque lo anunció en el emblemático “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia”, incluso sus propios compañeros(as) de partido –al paso de los meses-- lo declararon “improcedente”, por temor a perder votos procedentes de la poderosa Iglesia Católica, de Provida y de otros grupos conservadores.
Actualmente, suman 18 las entidades donde ya se celebran homo-bodas civiles. En lo que va del presente año, las más recientes fueron: Nuevo León, Hidalgo, San Luis Potosí y Baja California Sur. Todavía hay 14 entidades federativas, entre ellas el Estado de México, que han quedado a la zaga en materia de este derecho humano, es decir, el derecho a decidir a quién amar, con quién casarse y con quién fundar –si lo quieren—su propia familia.
El concepto de matrimonio, así como el de las familias (ahora en plural) se ha transformado durante el último medio siglo. Si algo caracteriza a estos dos ejes socioculturales es que han recibido la influencia directa de las transformaciones sociales y, consecuentemente de las nuevas formas de vivir el deseo erótico-sexual y amoroso. Ojalá pronto se entienda en las 14 entidades que duermen en la penumbra heteronormativa.
* Red Internacional FAMECOM
