Hace más de 25 años que calladamente la subcontratación comenzó a emplearse en diversos sectores de la economía mexicana. Vamos tarde y mal. En latitudes como los EEUU o el Reino Unido, pioneros en la aplicación del modelo neoliberal, despuntó este subsistema desde la pasada década de los 80. Las circunstancias fueron diversas. Alimentar una visión maniquea, bipolar, corresponde a quienes tienen como agraciado deporte la simplificación.
Como otros procesos sociales que no se evalúan sistemáticamente, por conveniente entropía o ligazón con el deseo de lucrar sin límites, el llamado outsourcing se ha convertido en una caja de Pandora.
Los primeros servicios que comenzaron a operar fuera de las estructuras organizacionales de las empresas, fue la limpieza y la seguridad privada. Sin embargo, al paso del tiempo, tanto las compañías como las instituciones gubernamentales empezaron a identificar ventajas en la subrogación: el adelgazamiento de la carga fiscal se traducía en un menor número de empleados y ejecutivos; se podían reducir costos por seguridad social, pago de antigüedad, otras prestaciones y, desde luego, erogaciones por aguinaldos y jubilaciones.
Como lo prescribía el modelo neoliberal, la idea era que los gobiernos disminuyeran su estructura y que la cantidad de personal empleado se redujera a su mínima expresión, a fin de hacer más eficiente la “obesa” administración pública. Acá en México de nada tenemos que preocuparnos en tanto ese perverso modelo lleva un año en la sepultura. “Eso ya se acabó”. Nada tenemos que ver, desde el pasado primero de diciembre de 2018 ¡Qué nervios!
Por lo que toca al sector empresarial, pronto vieron grandes ventajas en conseguir firmas externas, especializadas en procesos para su cadena productiva, a fin de atender no solamente el farragoso e invisible servicio de limpieza o el de seguridad; también comenzaron a subrogar la atención en sus comedores, pasando por proveedores de transporte, suministro de productos variopintos, hasta el desarrollo de software. A la postre, las otrora empresas convencionales fueron convirtiéndose en “integradoras o armadoras” de todo cuanto les proveía el exterior, para finalmente vender “sus productos”, colocando su marca o nombre en el frontispicio.
Entonces comenzó la era de “las marcas” como parte de la economía virtual del mundo globalizado. Por ejemplo, cuando usted firma el servicio de internet a TELMEX y, por alguna razón, requiere que le enmienden una avería o deficiencia en la conexión, quienes brindarán la reparación no es personal del consentido Carlos Slim, sino una compañía que atiende ese tipo de problemas, en la posmoderna modalidad del outsourcing. Ese tipo de prácticas multiplíquelas hasta la saciedad, en aquello que quiera ponerse a pensar; se va a sorprender de la cantidad de subcontrataciones que sostienen a las instituciones públicas y privadas.
Poco o nada tendría que preocuparnos si la tendencia de la subcontratación en México fuese la siguiente:
I. Que las empresas externas pactaran con el personal que envían a sus clientes, respetar el estricto apego a las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo, así como a la Ley del Seguro Social.
II. Que las dependencias o empresas solicitantes de los servicios de outsourcing solicitaran evidencia de buenas prácticas al respecto y que ello estuviese acreditado tanto en el SAT como en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
III. Que las organizaciones o empresas que brindan servicios externos a sus clientes, demostraran que son ellos –y no otras empresas— quienes tienen la capacidad que ostentan y que ello les permitió obtener el correspondiente contrato.
IV. Que las instituciones públicas o empresas probaran que efectivamente el servicio externo está fuera de su capacidad o de su especialidad. No es infrecuente que sean cercenadas áreas o dependencias completas, so pretexto de que se precisan ahorros o que dicha actividad no se realizará más, pero no ocurre sino que formó parte de una “estrategia” para dar entrada a otras empresas.
V. Que toda empresa dedicada a brindar servicios “externos” a sus clientes, entregue facturas legales y que con base en ello pague sus respectivos impuestos.
Ante el análisis que en estos días efectuará el Senado, acerca de esta compleja situación, levantar una cortina de humo diciendo que tal discusión se llevará al formato de “Parlamento Abierto”, es pretender vernos la cara a quienes fuimos a la escuela.
* Red Internacional FAMECOM
