El año que transcurre nos ha llenado de indignación al ver la pérdida de decenas de vidas humanas por discriminación en género, raza o posición económica. Resulta increíble tener que seguir luchando por lo justo en pleno 2020, cuando ya ha habido muchos íconos mundiales vencedores de la injusticia. Como mexicanos, pero sobre todo como humanidad, estamos obligados a combatir por la justicia, para cuidar la vida y darle condiciones para su desarrollo con dignidad. Estamos en la obligación de tomar la política, desde la ciudadanía, para garantizar que las instituciones del Estado cuiden a su pueblo y les dé las oportunidades suficientes para desenvolverse con pundonor. Enfrentemos el mal ejercicio del poder, pues es causante de miles de muertes dolorosas e infames, para quienes son vistos diferente por la ley, principalmente mujeres, minorías étnicas y rezagados. Todos somos iguales y el Estado debiera ser el primer defensor de este principio, no el lugar donde nacen las desigualdades.
Durante el presente año, nos ha dolido y conmovido la muerte de decenas de mujeres por el simple hecho de serlo, de afroamericanos por un sistema que, históricamente, ejerce violencia en contra de ellos; y más recientemente, de un trabajador jalisciense llamado Giovanni quien, como muchos mexicanos, no accede a un trato digno por parte de la ley, al no haber tenido oportunidades suficientes. Los casos mencionados son suficientes para despertar como sociedad, exigiendo a los servidores públicos un cambio por la igualdad. Si desde la política no se ve por la vida, nosotros como sociedad debemos trabajar sin freno por cuidarla y protegerla, pues absolutamente todos tienen derecho a vivirla y buscar la plenitud. No podemos dejar pasar más casos indignantes, tenemos la obligación de unirnos pacíficamente para exigir un sistema de protección a la vida.
Desgraciadamente hemos visto con horror el aumento de los feminicidios, la discriminación y la violencia de género en nuestro país. Decenas de casos han salido y no hay autoridad capaz de detener la desventaja enfrentada por las mujeres mexicanas. Es inexplicable que, a estas alturas, nuestro sistema no sea capaz de otorgarles condiciones para ejercer su libertad sin ningún riesgo. Debe haber un cambio cultural para protegerlas, pero el primer paso es castigar a todos aquellos que violenten de una u otra forma, y para lograrlo gobernantes y legisladores, deben usar los recursos del Estado para dar sanción oportuna a todo aquél que lastime la libertad de las mujeres. Es deber de todos garantizar igualdad sin importar género, pero desde la política vendrán las represalias y desde la ciudadanía debemos permanecer unidos para vigilar el cumplimiento de la ley.
El mundo observó con dolor el infame asesinato de George Floyd en manos de cuatro policías que ejercieron brutalmente su posición. Es comprensible la trascendencia internacional de la indignación, pues el mundo ha sido testigo de la mutación del racismo sistémico de los Estados Unidos desde sus inicios en la esclavitud, la Guerra Civil, las leyes de Jim Crow, la lucha de Martin Luther King, la constante desigualdad económica para sus comunidades y los persistentes atropellos, resaltando como víctimas Rodney King y George Floyd. Como seres humanos duele saber de la existencia de naciones discriminando en la aplicación ley por el color de piel. Indigna y genera empatía hacia la comunidad afroamericana desde cualquier latitud.
En México, recientemente conmocionó un caso de brutalidad policiaca en Ixtlahuacán, Jalisco. Conocemos la debilidad del Estado de derecho nacional y sabemos de la aplicación selectiva de la ley, siendo más condescendiente con quien tiene más recursos. Por lo cuál es inevitable pensar que hubiera pasado si a Giovanni (y a millones más) el gobierno le hubiera garantizado oportunidades educativas y laborales suficientes para su desarrollo, teniendo así otra situación económica. La policía no habría abusado de él en otras circunstancias, y por ese motivo debemos movilizarnos, pues no hay excusa para que las instituciones del país traten diferente y discriminen por la posición de cada individuo. El principio fundamental de la democracia es que “nadie es más que nadie” y absolutamente todos somos iguales; por ambas razones, la ley debe velar por estos principios, castigando a quien lo violente y garantizando el mismo trato sin importar vulnerabilidad y circunstancias. No debe quedar impune el abuso, la alevosía y la cobardía con la cual se llevó a cabo el arresto de Giovanni.
Es responsabilidad de la ley, las instituciones y sus funcionarios, la protección indiscriminada de la vida; de ninguna manera deben ser toleradas fracciones institucionales o individuos que promuevan la aplicación distinta de la ley acorde al género, raza o posición económica.
Y para combatirlo, tenemos que dejar de ser indiferentes desde la sociedad, basta de divisiones. Todos debemos sumarnos ante los distintos casos de injusticia porque la segregación por causa de género, raza y posición económica ponen en riesgo a la humanidad. Si lo dejamos pasar serán más casos y no hay una sola familia que merezca llorar otra pérdida. No podemos tolerar más polarización, dejemos de desvirtuar la solidaridad del prójimo y permanezcamos unidos; estas no son causas de un sector social, de una región o de un país, son causas de la humanidad y nos corresponde a todos agregarnos y luchar por desenlaces llenos de justicia.
Si seguimos discutiendo sobre todo aquello en lo que no estamos de acuerdo no avanzaremos, pero si trabajamos en lo que coincidimos vamos a lograr mucho, y en lo primordial coincidimos: todos anhelamos condiciones para la protección de la vida y su desarrollo en igualdad y dignidad. La respuesta afortunadamente está en nosotros, pero estamos forzados a abandonar lo que nos divide. Sin importar lugar o país donde sucedan los hechos, estás son causas de nuestra especie, no del vecino, y debemos afrontarlas con fraternidad. Luchemos por la vida, es el único bien indispensable, evitar más pérdidas está en nuestra solidaridad.
