No han sido pocas las desalentadoras noticias que han circulado en semanas recientes sobre adolescentes implicados en actos violentos, como asesinatos y colaboración en organizaciones delictivas; parecería que el panorama para ellos se torna cada vez más oscuro, complejo y con pocas oportunidades de salir de tan gravísimas situaciones.
El contexto es alarmante, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el mundo se producen 200,000 homicidios anuales entre los jóvenes de 10 a 29 años, por lo que el homicidio resulta ser la cuarta causa de muerte en este grupo etario; a escala mundial, el 83% de los jóvenes víctimas de homicidio son del sexo masculino, y la mayoría de los homicidas son también varones en todos los países.
Por su parte, el estudio “Niñas, niños y adolescentes víctimas del Crimen Organizado en México”, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre de 2019, arroja datos impresionantes: estima que existen cerca de 30,000 niños, niñas y adolescentes involucrados en actividades del crimen organizado y revela que tan solo en 2017 había una población total de 5,659 adolescentes pugnando una condena por ilícitos como robo, homicidio, lesiones, portación ilegal de armas, posesión ilegal de drogas, secuestro y comercio ilegal de drogas.
Mirando estas cifras es evidente que México atraviesa un contexto de violencia que involucra a niños, niñas y adolescentes, derivado de los altos niveles de desigualdad social, de impunidad y de una presencia arraigada del crimen organizado, factores que entre otros, afectan directamente a los jóvenes. La falta de oportunidades reales que les permitan desarrollarse plenamente, la desintegración familiar que incide en el estado emocional de los adolescentes y los obstáculos que enfrentan para ejercer y gozar sus derechos, reproducen escenarios de precarización, vulnerabilidad, violencia, delitos, y deslegitimación de las instituciones enfocadas en su atención.
En este orden de ideas, he de mencionar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, se refiere a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Bajo este tenor, es que corresponde a las autoridades el diseño e implementación de políticas públicas integrales, que, tomando en cuenta las diversas causas estructurales, minimicen los factores de riesgo desde un enfoque central de derechos humanos que reconozca al Estado, a la familia y a la sociedad, como garantes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; es decir, que se encuentren obligados a garantizar que estos accedan a sus derechos de manera integral y progresiva, tal como lo dicta la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
En nuestra entidad, el 7 de mayo de 2015 se promulgó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, misma que tiene por objeto garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de sus derechos como un interés superior. Del mismo modo, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, considera a las niñas, los niños y adolescentes como un grupo vulnerable porque dependen fundamentalmente de otros (padres y/o familia) para cubrir sus necesidades básicas y fomentar su crecimiento adecuado a nivel biológico, emocional, social y cultural.
Algunas de las líneas de acción que el Plan Estatal de Desarrollo incluye para garantizar el goce de derechos a niñas, niños y adolescentes consisten en sensibilizar a instituciones públicas y privadas sobre el enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer las acciones de difusión, detección de vulneración, restitución y protección integral; promover el desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y fomentando la organización, capacitación, la expresión cultural y artística, la educación y la salud de la juventud mexiquense; poner en marcha junto con las organizaciones sociales, civiles y no gubernamentales, proyectos de reconciliación, atención a víctimas y construcción de paz en municipios con mayores índices de violencia homicida.
En ese sentido, soy un fiel creyente de que la promoción de una cultura de paz ayudará a las y los adolescentes inmersos en círculos de violencia a revincularse de forma positiva y constructiva con la sociedad, y a que, en conjunto, logremos minimizar las vulnerabilidades y las violaciones a sus derechos humanos mediante la correcta articulación de políticas de prevención de la violencia.
