El pasado miércoles el presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó que su gobierno presentará una demanda contra su antecesor Mauricio Macri, por el préstamo de 55 mil millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario (FMI), y el gran endeudamiento externo con acreedores privados.
Según despachos de agencias de prensa, de lo que se trata, dijo, es de cerrar al paso en forma definitiva “a las aventuras de hipotecar al país. Es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”.
Lo anterior, además de sancionar a quienes “han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la más grande malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
Según el mandatario argentino, un representante del FMI “reconoció que ese crédito excepcional fue impulsado por la administración de Donald Trump para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección”, dinero que “se evaporó” (fue a parar a manos de los mismos prestamistas por el vencimiento de capital e intereses …¡de otras deudas!).
En el otro extremo, el pasado 17 de febrero el Banco Central de Bolivia (BCB) dio a conocer un despacho en el que, “en defensa de los intereses económicos del país y el respeto a la Constitución Política del Estado”, devolvió un crédito “irregular y oneroso al FMI”, contratado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez en el año 2020.
El gobierno boliviano, encabezado por Luis Arce (quien fue ministro de economía con el depuesto Evo Morales y considerado el “cerebro” del crecimiento económico de ese país) regresó a las arcas del FMI 351,5 millones de dólares (incluidos los más de 24 millones de dólares por intereses y comisiones), rechazando “las imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias” del organismo” que, aseguró, vulneraron la Constitución boliviana y su soberanía.
El crédito fue para apoyar equilibrar la balanza de pagos y apoyar las acciones contra el Covid-19, según documentos del FMI, pero el Banco Central Boliviano metió reversa y, además, anunció la ejecución de “acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y ex servidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI”.
¿Esto tiene alguna relación con nuestro país? Mucha. La deuda durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) pasó de 3 billones 135 mil 438 millones a 5 billones 890 mil 846 millones, un aumento de 87.8 por ciento (y eso que el gobierno recibió por ingresos petroleros por 9 billones 772 mil millones de pesos, cuando Pemex todavía tenia algo que dar).
Por su lado, en el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) los pasivos aumentaron de 5 billones 890 mil 846 millones a 10 billones 870 mil 37 millones de pesos, lo que constituyó un endeudamiento adicional de 4 billones 979 mil 200 millones, es decir, más de 84.5 por ciento (también, el gobierno federal obtuvo ingresos petroleros por 7 billones 46 mil millones de pesos).
Además de la especulación, deporte favorito de nuestros inversores domésticos y foráneos (a cuya actuación se debe buena parte del incremento de los pasivos a más de 12 billones de pesos durante la pandemia Covid-19), en los citados sexenios se firmaron contratos de deuda tanto con el FMI como con el Banco Mundial.
¿Se sabe con certeza el destino de esos y otros créditos?¿Se debe pagar sin más una deuda que justamente brilla por su opacidad? ¿No hay responsables en esto?
Cuando el humo de la pandemia se despeje se podrá apreciar con toda crudeza la devastación que está ocasionando la deuda en los gobiernos y las nefandas consecuencias para los gobernados.
En nuestro caso, una proyección del CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C.) sobre “el impacto del endeudamiento en las generaciones presentes y futuras”, es para erizar los cabellos: “un mexicano nacido en el 2020 pagaría 243 mil pesos en impuestos toda su vida. En cambio, alguien nacido en las siguientes generaciones pagaría Un millón 625 mil 926 pesos”.
“Las próximas generaciones pagarían 568 por ciento más que las generaciones actuales para recibir los mismos bienes y servicios públicos tanto en calidad como cantidad. Además del pago de la deuda”.
En otras palabras, no es suficiente ir contra la evasión y elusión fiscal, si bien es de reconocerse que se haga, sino modificar las reglas fiscales para recaudar más y no precisamente entre los de siempre.
Conforme la deuda se incrementa y la economía se reduce, el gasto del gobierno en las necesidades básicas se va estrechando. Lo estamos viendo. Y al paso actual lo único a la vista es el abismo.
Conviene decir que endeudarse no es malo per se, pero algo anda mal cuando se pierde la capacidad de pago, cuando los ingresos ya no dan para más o cuando se contratan créditos para pagar otros, alargando la agonía hacendaría, pues esto ya es la condena del Sísifo Deudor (el absurdo de las finanzas públicas, diría Camus), y no precisamente de los gobernantes, sino de los ciudadanos.
